Guayaquil: Las vallas irregulares ganan alturas sin freno municipal

Levantar monumentales vallas publicitarias en Guayaquil probablemente lo puede hacer cualquiera a vista y paciencia del Municipio. En documentos, a los que tuvo acceso EXPRESO, se detalla que la proliferación de las vallas irregulares inició desde 2019, año en que entra a administrar Cynthia Viteri. Se conoce que son al menos 400 de estas estructuras irregulares. Nadie se levanta un día a romper el parterre, robar energía eléctrica y plantar el largo cilindro, por lo que se cuestiona dónde estuvieron el ente, inspectores y la ATM.

En la administración de Jaime Nebot (período 2014-2019) se detalló en la gaceta oficial de junio de 2017 la décima tercera reforma a la ordenanza para la instalación de rótulos publicitarios donde, en el artículo octavo, quedó prohibido, por ejemplo, colocar los rótulos tipo A, B, C1 y C2 en aceras, parterres o predios privados de vías como la Francisco de Orellana, la Víctor Emilio Estrada, la Juan Tanca Marengo, entre otras.

Allí se exceptuó a los rótulos en vías consideradas prohibitivas que no hayan sido intervenidas en un proceso de regeneración urbana y que se sometan a un proceso de subasta. Pero en el período de Viteri (2019-2023) ya se observa que, en la gaceta de julio de 2020, la ordenanza ha sido objeto de varias reformas, ampliaciones y aclaraciones. Hasta entonces la última había sido el viernes 28 de diciembre de 2018.

En el documento se establece que para su instalación deben presentar planos y nuevamente se subraya la prohibición en las arterias, pero llama la atención un artículo destinado para las “nuevas zonas autorizadas en espacios públicos”.

El daño a la urbe del incremento de vallas va desde la contaminación visual hasta la falta de ingresos, pues quienes las colocaron no pagan impuestos, permisos y peor las pólizas. Esto es visible en algunas estructuras donde se luce el sello de clausura, pero siguen plantadas.

EXPRESO solicitó una entrevista con Verónica Landín, directora de Planificación Urbana, Proyectos y Ordenamiento Territorial, para profundizar el tema y conocer qué se ha hecho frente a las irregularidades y si se han realizado las auditorías a los funcionarios o inspectores municipales que estaban durante esta gestión. Pese a no tener una respuesta, este Diario envió requerimientos y confirmó que hay 280 procesos en trámite. “Esto significa que las vallas publicitarias siempre estuvieron reportadas y mediante un proceso, bien para regularizarse o para ser retiradas”, argumentó.

¿Cómo es posible entonces que se hayan instalado las estructuras sin los permisos, quién dio el visto bueno y por qué siguen plantadas las vallas irregulares? ¿Acaso es tan fácil despertar y colocar un letrero de tal calibre? ¿Nadie vio algo o fue testigo del proceso de instalación? Son las preguntas pendientes y que se formulan incluso a los dueños de vallas legales. Por ejemplo, para la instalación es necesario, además, contar con una póliza de seguros, llenar formularios, informes. Se conoce que cada valla paga un promedio de 10.000 dólares al año al Cabildo.

El Municipio ha dicho que hasta agosto de 2020 se han retirado cuatro vallas publicitarias por no contar con los permisos correspondientes. Poco, frente a la saturación de estas armaduras que ganan cada vez más arterias o, en este caso, alturas. Por ejemplo, en la avenida de Las Américas, frente al aeropuerto, hay una “competencia” de rótulos en el parterre central. En un lado se encuentra una valla de la empresa Ecuavallas, que sí tiene el espacio para el medidor; mientras que justo en el otro extremo se luce otra, con publicidades, pero sin el medidor. En ella reza la leyenda: “requerimiento municipal 012-2021-0088682”.

De acuerdo a Landín, es una solicitud de la empresa Induvallas para la obtención de un permiso municipal para la instalación de un rótulo. Dicho requerimiento, acotó, fue contestado con el informe técnico, siendo no favorable por falta de pago con la entidad municipal por parte de la empresa señalada en aquella época. En ese sentido se actuó conforme al debido proceso en base a lo que estipula la ordenanza. Pero la valla continúa allí.

En otro punto, en la calle Sexta y Las Lomas, en Urdesa, otra anomalía aparece. La valla no tiene medidor, no se ve cuál es el nombre de la empresa (requisito obligatorio) y en la parte inferior del hierro apenas se aprecia el sello de clausura.

El Municipio conoce de estas denuncias. Karla Escobar, jefa de Control de Vallas del Municipio, y Landín admitieron que son 112 rótulos irregulares los que se levantan en Guayaquil. Y, por esto, se “fortalecieron las gestiones institucionales a nivel jurídico para avanzar hacia la regularización”.

Según ellas, los abogados de las empresas propietarias de las vallas interponen acciones legales. El proceder municipal, a su juicio, cumple con todos los procesos, tiempos y plazos que determina la ley para efectuar los operativos.

“El dinero que se gasta en el desmontaje se lo cobra al dueño de la valla en la resolución que emite la comisaría. Estas acciones pretenden subsanar un daño a la ciudad por lo que carece de lógica asegurar que hacer respetar la ley y las ordenanzas pueda acarrear algún daño”, acotaron, al recordar que se realizan operativos diarios y nocturnos.

En este tema no solo se cuestiona por qué el Municipio permite que más de estas estructuras se levanten, sino que haya varias reformas a la ordenanza de publicidad en la vía pública con el objetivo de “regularizar esta circunstancia”.

Así lo ha determinado el concejal independiente Héctor Vanegas, quien ha enviado varios oficios a la alcaldesa (a los que accedió EXPRESO), con fotografías de los daños en parterres y vallas ilegales. Ha pedido que se le remita un detalle de los inspectores asignados por áreas o zonas donde se encuentren las vallas, desde el 2019, para determinar si actuaron con negligencia o no, y si notificaron lo ocurrido. No ha tenido aún respuesta.

Tampoco ha recibido contestación sobre el último censo realizado a las vallas y cuántas cancelaron los valores pendientes por ocupación y cuántas personas naturales o jurídicas se sometieron al proceso de regularización.

Ese silencio agrava la situación en que están sumergidas las empresas legales que ven con indignación cómo se permitió y siguen las estructuras saltándose los flojos controles municipales.