El vecino que nadie acepta en la ciudadela Tarragona

Que el centro de acopio que colinda con la etapa Tarragona de la urbanización Terranostra, ubicada en el kilómetro 13,5 de vía a la costa, va por que va. Eso es lo que asegura el director municipal de Aseo Cantonal, Gustavo Zúñiga, pese a los reclamos de decenas de residentes que se oponen a la construcción de la obra por dos razones: que no se les haya advertido de esta al momento que adquirieron la vivienda, y por el temor a percibir malos olores.

Esta semana los habitantes, apoyados por la Federación de Urbanizaciones del sector, celebraron haber logrado la paralización de la obra (que había empezado a tomar forma semanas atrás), a través de una medida cautelar solicitada por Javier Ricaurte, abogado de Tarragona, por “vulnerar los derechos” de los ciudadanos. Sin embargo, la tranquilidad les duró poco, ya que la tarde del pasado martes el Municipio les colocó dos contenedores para almacenar los desechos. Esto, por no tener precisamente un centro de acopio y que los residentes, a decir de Zúñiga, contrataran vehículos externos para que retiren la basura en cada etapa y esta sea depositada en sitios inadecuados.

Las siete etapas que componen Terranostra contratan un sistema de recolección privado, por el que cada subconjunto paga $ 500. Adicional, costean la tasa de recolección de basura en la factura de agua potable, aunque no reciben el servicio público.

“Ellos están infringiendo las ordenanzas. Por eso mismo deben tener su centro de acopio; pero como se oponen, entonces nosotros les hemos llevado las cajas que iban a ser colocadas al interior del espacio para que no tengan más que, con ayuda de camioncitos, salir a repartir basura por varios centros que no son destinados para ellos, sino para otros menesteres”, dijo a EXPRESO.

La presencia de los vagones, que Zúñiga advirtió que se mantendrán hasta que la obra esté terminada y que iniciará una vez que el juez levante la medida cautelar, generó alarma entre la comunidad. Y no solo porque los ven como una forma de ejercer presión, sino porque, advierte Cecilia Garcés, presidenta de Tarragona, los están obligando a aceptar una infraestructura que nunca fue socializada, ni consta en el contrato firmado al comprar las casas, como lo comprobó este Diario.

Al ser consultado sobre estos puntos, que son la causa principal de los reclamos, Zúñiga se limitó a decir que “ese es un problema privado entre los moradores y la empresa constructora”. Y a su vez, Guillermo Jouvín, gerente de la constructora Vigerano de la empresa Etinar, a cargo de la edificación, señaló que es la Municipalidad la que debe hacer la socialización, pues fue el Cabildo el ente que aprobó la ubicación del proyecto.

El “basurero”, como denominan al sitio los residentes, está ubicado en el macrolote ‘S’, al pie del carril de servicio y en el lugar donde, como publicó EXPRESO en marzo anterior, estaba prevista la edificación de una subestación eléctrica, obra que fue rechazada por la Empresa Eléctrica en el 2012 porque bajo ese terreno pasa un acueducto de agua potable. Dicho solar fue cedido al Cabildo en el 2015, luego de que el Concejo Cantonal autorizara la permuta (ceder un espacio por otro) para mudar la construcción de la subestación.

“Desde entonces ese espacio es municipal y tras una serie de estudios técnicos, ellos han determinado que la obra debe ir allí. Ahora, tras la medida impuesta por el juez, he pedido a la Dirección de Control de Edificaciones, Catastro, Avalúos y Control Minero que se ratifique la decisión, ya que para evitar tanto lío, si por mí fuera cambiaría la ubicación, pero no puedo hacer nada porque la respuesta sigue siendo la misma”, argumenta Jouvín.

Sin embargo, en medio de este “rollo”, término que utilizan los consultados para referirse a la situación, hay datos que no les quedan claros, sobre todo a los habitantes. Entre ellos, la solicitud que hace la compañía Vigerano a las autoridades respecto a la aprobación del ‘Estudio de desechos sólidos’ en el macrolote ‘S’ en el 2013.

“Si allí ya se estaba hablando del tema, ¿por qué entonces no se nos comunicó nada? Jamás hubo diálogo”, cuestiona Eduardo Jácome, residente de Tarragona, cuya vivienda colinda con la estación de transferencia, que almacenaría la basura de las 1.432 familias que habitan en este complejo habitacional, lo que significa en promedio 16 toneladas cada tres días.

Estos argumentos, que constan en el archivo de Ricaurte, al que se suma un informe que detalla que el terreno cedido al Municipio sería utilizado para incrementar el porcentaje de áreas verdes, lo que -sostiene- sirvió como base para aprobar la permuta (detalles que dice desconocer Jouvín); son parte de los enviados al juez y que usarán durante el proceso contencioso administrativo que han iniciado en contra de Vigerano.

“Vamos a agotar hasta los últimos recursos porque, para empezar, es este año que los residentes, al ver a personal trabajando en el sitio, se enteran de lo que iba a construirse. Solo ahí se está violando la Ley Ambiental, que exige que cualquier acto que afecte al ambiente, porque ninguna obra tiene impacto cero, debe ser consultado a la comunidad. Y no pasó, jamás pasó”, manifiesta Ricaurte, al asegurar, que con el proyecto incluso la plusvalía de las residencias se ve afectada.

Jácome, quien afirma que de darse la construcción se cambiará de domicilio, lo cree así. Aun después de que Jouvín ha asegurado que el espacio será hermético, ventilado, con acceso y diseñado de tal forma que no se percibirán olores. “Digan lo que digan, así les pongan paredes de oro, el lugar seguirá siendo un basurero. Además que dañará el acueducto”, piensa.

Jouvín, quien frente al disgusto de los moradores de no advertirles de la obra al momento de la compra del bien, replica que no lo hizo porque la determinación final ya aprobada se dio en el 2015 (cuando estaban vendidas todas las casas) y porque, además, “directamente la compañía no maneja el tema de las ventas” (lo que la población califica de absurdo); especifica que no será así. “Se respetará un ancho determinado para no pasar por el acueducto. Y de hecho, si se confirma que podría verse afectado por el peso de los recolectores, se reforzará la superficie con una loza”.

Pero ninguno de estos argumentos convence a los residentes, que no conciben la idea de que el centro de acopio esté prácticamente pegado a sus hogares. “Las autoridades dicen que el resto de ciudadelas también los tienen al pie de estas para evitar que los carros ingresen a las vías y estas se dañen. Sin embargo, ninguna está tan adherida a las viviendas. Exigimos la reubicación. Queremos, necesitamos que sea la alcaldesa quien aclare todo esto de una vez”, agrega Samuel Coello, presidente de la etapa Sarria.

• Punto de vista urbanístico

Una caída a la plusvalía

Para los urbanistas Diego Narváez y Luis Alfonso Saltos, la ubicación del centro de acopio sí afectará la plusvalía de las viviendas.

“Nadie quiere vivir cerca de un espacio de este tipo, puesto que así cuente con todas las medidas de contención de olores o tenga un diseño arquitectónico vanguardista para que no parezca lo que es, como lo promueve esta obra, siempre habrá afectación a la plusvalía. Eso es innegable”, dice Saltos, quien suma a las afectaciones los gases que se producirían, los cuales, por estar tan cerca de los hogares, pueden generar daños en la salud.

Narváez, por su parte, se centra en el estricto control que requiere una infraestructura de este tipo para evitar la presencia de roedores. No se trata solo de que el recolector retire los desechos. Es más, es hacer cumplir los horarios para evitar problemas peores.

A decir de Zúñiga, la administración del lugar estará a cargo de la urbanización: ellos son los que van a operarlos, de allí que pueden ser impecables. Pero los presidentes de esta rechazan la idea, precisamente porque, alegan, que durante el proceso no fueron nunca consultados. “Si nunca nos escucharon y solo pretenden imponernos acciones, ¿por qué ahí si quieren contar con nosotros?”, cuestionan.