El viacrucis de los jóvenes por pagar sus créditos educativos

“No queremos que desaparezca la deuda así porque así, queremos un trato más justo, uno que nos permita pagar nuestros préstamos sin todas las trabas y dificultades que nos presenta la Senescyt”, exclama Colón Aguayo. El guayaquileño, graduado en 2018 de Periodismo en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, adquirió una deuda por un crédito educativo de $ 13.000 que solicitó en 2014, al entonces activo Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE), deuda que ahora sobrepasa los $ 16.000 por los intereses generados al no pagar a tiempo.

Él integra la lista de las decenas de afectados en Guayaquil y a nivel nacional por la misma razón. Hoy, Aguayo reclama ante la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), por un refinanciamiento justo del monto que adeuda. “No tengo cómo pagar ahora, no sé qué hacer”, alerta.

De acuerdo a Carlos Jaramillo, presidente del Colectivo Ciudadano de Afectados por los Créditos Educativos IECE-IFTH (Afeiece), a nivel nacional son 6.750 personas las que han entrado ya en procesos de coactiva para este año, según la información que le ha dado la Senescyt. Destaca que este número, solo aplica a los afectados directos, no a los garantes.

“El principal problema que tenemos, no es que nos cobren la deuda, porque eso es lo que tienen que hacer. El problema está en que nunca se puede terminar de pagar porque nunca pagamos el capital, sino los intereses que adeudamos, y en el momento en que no pagas un mes, vuelves a pagar el interés”, dice Jaramillo.

Aguayo explica que semanas antes del encierro, por la pandemia, perdió su trabajo, con el que solventaba los gastos de su deuda, hogar y la medicina de su madre, quien padece de apnea de sueño, condición que le dificulta respirar.

Tras esta situación que le imposibilitó el pago mensual de su deuda, entró en proceso de coactiva, pero por la ley humanitaria que tuvo vigencia a inicios de la crisis sanitaria, evitó que sus cuentas bancarias sean congeladas en el momento. Aguayo explicó su situación socioeconómica ante la Senescyt, sin embargo, su condición no fue tomada en cuenta, mientras que su deuda se mantuvo en crecimiento.

Frente a esta situación, EXPRESO solicitó al Ministerio de Educación información sobre el número de los acreedores de estas deudas (a nivel nacional y en Guayaquil), y las facilidades que existen o son viables para la cancelación de estos créditos; pero desde la entidad aseguraron que es la Senescyt el ente encargado de responder.

Yanina Moreira, coordinadora Zonal 5 y 8 de la Senescyt, a quien este Diario buscó en un acto público (esto, en vista de que la entidad no había respondido a las preguntas enviadas antes por EXPRESO), por su parte, se limitó a decir que se puede buscar ayuda por medio del Código Ingenios (una normativa) para extender el plazo de pago. Sin embargo, esta respuesta no convenció a los afectados. Que han seguido el proceso y lo han aplicado, pero que hallan trabas, coincidieron.

Tras la disolución del IECE en 2015, la administración de los recursos pasó al Banco del Pacífico, que se encarga de dar los créditos estudiantiles, y a la Senescyt, que genera la política pública y lleva a cabo los procesos de coactiva.

Ayer, este Diario preguntó a la entidad bancaria, a través de un correo electrónico, a qué medidas podrían darle luz verde para facilitar la cancelación por parte de los afectados. Que ya emitieron el requerimiento al área encargada y que la harán llegar a la Redacción, aseguraron desde el Departamento de Comunicación.

Otro de los afectados por esta situación es Antony Riera, graduado de Medicina.

En un inicio, su préstamo fue de $ 23.000, pero poco antes de la pandemia los intereses comenzaron a acumularse hasta llegar a la suma de $ 41.000.

“Para 2020 yo fui de los médicos de primera línea en los meses más críticos de la pandemia, y por poco pierdo mi trabajo, había entrado en coactiva, por suerte no me botaron, pero me congelaron mi cuenta bancaria”, relata Riera.

Al igual que Aguayo, él también debe mantener a su familia, su padre tiene discapacidad física por un accidente y su madre tiene hipertensión y úlcera gástrica. Él se ve en la necesidad de destinar su sueldo a distintas cuentas para que esta no sea congelada y pueda ayudar a su familia.

Explica que los intereses no solo son por los atrasos de pago, “te cobran por el abogado que te notifica, por los intereses de mora, y muchas otras cosas... Ni te dejan refinanciar la deuda con un trato justo, como dicen. Esperan que saque dinero de donde no tengo, y lo poco que gano, va a mi familia”, precisa.

Próximamente, entrará en un internado rural, necesario para obtener su licencia médica, pero la deuda que tiene le dificulta trabajar en sectores públicos, impedimento que lo ha atrasado en la culminación de su carrera.

Ante esta situación, expertos en el campo de la educación, como Ivo Orellana, exministro de Educación, plantea que aquellos recién graduados que no consiguen una plaza laboral, y deben hacer el pago de esta deuda, tengan prioridad como futuros empleados, a fin de que no entren en mayores cifras para abonar.

Galo Cabanilla, rector de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, apunta a que las condiciones se vuelvan más justas, con base en la situación de cada persona.

“El alumno pide un crédito con la esperanza de tener un mejor futuro, pero todas estas dificultades se lo impiden y se plantean como último recurso dejar el país en busca de oportunidades que aquí no tendrán”, sentencia Cavanilla.

Guillermo Granja, académico en Ciencias Económicas de la Ecotec, plantea que el refinanciamiento sea la opción más viable a tomar por parte de las entidades prestamistas. “Tristemente, la realidad de nuestra sociedad es otra y muchas familias se ven obligadas a vender todo lo que puedan para no caer en deudas”, declara.