Las voces ciudadanas y sus recetas contra la inseguridad
Presidentes de organismos, expertos y dirigentes cuentan sus propuestas a EXPRESO. Llaman a la unión y a trabajar de forma conjunta, sin contragolpes
Han sido constantes en los últimos días los contraataques entre el Municipio de Guayaquil y funcionarios del Gobierno central, en torno al tema de la inseguridad, con intercambio de apodos y hasta comparaciones con personajes de películas. Ante ello, hay ciudadanos que cuestionan el tiempo que dedican en estos enfrentamientos y no a trabajar en acciones conjuntas, pues la delincuencia gana más terreno.
Para otros, estos episodios dejan de lado a diferentes sectores de la sociedad, y es por eso que diferentes dirigentes, presidentes de organismos y líderes barriales le cuentan a EXPRESO sus propuestas para frenar la ola delictiva, que continúa azotando a la urbe.
Para Francesca Ferrero, delegada sectorial de la Cámara de Comercio de Guayaquil, representando a los restaurantes, lo primordial es que exista un nexo entre la ciudadanía y los comercios en general, ya que así serán más fáciles las medidas de persuasión y disuasión.
Generar políticas públicas de prevención social y situacional, como la reducción de la pobreza o la capacitación para el trabajo. El Gobierno ha desatendido totalmente esta área. Mejorar los sitios con altos índices delincuenciales mediante programas de participación
Pero le preocupa que continúe operando el mercado negro, a donde van a parar los objetos robados. “Si el Municipio e Intendencia no hacen controles efectivos, no servirá de nada. También hago un llamado al SRI, que se sume al control. Y a la ciudadanía, a no comprar estos artículos robados o de dudosa procedencia. Vamos a contener”, plantea.
Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, se suma a ese comentario y hace otro llamado a la unidad. Recalca que el Gobierno central debe dotar a los policías de implementos y darles capacitaciones; mientras que los gobiernos locales deben “robustecer sus actividades de monitoreo en las calles y trabajar coordinadamente con la Policía”.
Blindarnos, trabajar en equipo, dejar las diferencias políticas y salvar los comercios. ¿De quién es la competencia? De todos, pues nos compete hacer algo, denunciar, prepararnos en las leyes, el defenderme yo y a terceros
César Cárdenas, coordinador del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, coincide con este pensamiento y plantea que se constituyan y operen sistemas integrales de seguridad en cada uno de los distritos. “Y que exista apoyo especializado a los comités de padres de familia de escuelas y colegios, para que participen en las tareas de seguridad ciudadana, especialmente para prevenir y denunciar”.
Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, manifiesta que los legisladores deben claudicar en sus “agendas personales de política partidista”, y aconseja que se analice si es necesario hacer cambios en el Código Orgánico Integral Penal y otros cuerpos normativos, para viabilizar una defensa más eficiente y eficaz de los derechos ciudadanos.
Hacemos un llamado a la unidad, porque el deber de brindar seguridad ciudadana es del Estado en sus diferentes niveles, incluyendo al Gobierno central, pero también al local. No hay que dejar de lado la importancia de la nueva Ley de Uso Legítimo de la Fuerza
“La falta de oportunidades académicas, sociales y económicas también forma parte del problema que hace que proliferen el narcotráfico y la violencia. Mejorar estas condiciones es de vital importancia para nuestro país y para ello es fundamental darle todas las facilidades al sector privado, para que pueda solventar y satisfacer esta falta de oportunidades de mejor manera”, puntualiza.
En tanto que en el plano local, el activista Fernando Alburquerque espera que se mejoren los espacios con elevados índices delincuenciales mediante programas de participación ciudadana, capacitación técnica y programas de ayuda para generar emprendimientos.
Es momento de un gran pacto ciudadano en el que todas las funciones del Estado, la academia, la sociedad civil y las empresas apuntemos juntos hacia un Ecuador más seguro y próspero, que permita que los ecuatorianos podamos vivir con tranquilidad
Critica la movilización de camionetas y agentes a Quito que protagonizó recientemente Viteri, y la califica como un “show que los guayaquileños no merecen”. “En cuanto al Gobierno central, considera que no tiene una ruta clara. No hay profesionales competentes en materia de seguridad”, expresa.
Sin duda, uno de los sectores más afectados por la delincuencia es el turismo, que apunta a levantarse tras el golpe de la COVID-19. Hay familias que frenan sus visitas a los sitios turísticos o procuran no quedarse hasta la noche.
En efecto, el director de Turismo de la Universidad Central del Ecuador, Enrique Cabanilla, recomienda que haya un cuerpo policial orientado a la vigilancia y bienestar del turista, un sistema que conduzca los flujos turísticos por lugares con menores índices de inseguridad; además de programas de atención a las víctimas, para que su experiencia no sea aún peor tras haber sido un objetivo del hampa.
“Hay que controlar otros temas como el excesivo ruido ambiental, falta de señalética, contaminación ambiental, contaminación visual, que son detonantes de la inseguridad”, argumenta el académico.
Bajo la mirada del urbanista Luis Alfonso Saltos, debería pronunciarse el Consejo Nacional de Competencias, para determinar el grado de responsabilidad que tiene cada nivel de gobierno en relación al tema de la inseguridad urbana, basados en lo que señala la Constitución y el Cootad.
Y posteriormente, trabajar en un plan maestro. “Este documento técnico debe ser realizado desde el Gobierno central, en coordinación con la Asociación de Municipalidades del Ecuador, acompañados técnicamente de la Secretaría de Planificación. No ser un documento político, sino técnico”, concluye.
Se debe trabajar en un plan maestro para la seguridad urbana, con el que se determinen las acciones a corto, mediano y largo plazo para combatir la inseguridad y generar lineamientos y políticas públicas para disminuir esto para las futuras generaciones
