El votante exige no esperar más para penalizar al criminal joven
Apunta a que infractores de 15 años vayan a la cárcel como el adulto. Si son capaces de sufragar, advierten, pueden decidir también si matan o no
Ante las alarmantes cifras que reflejan el nivel de violencia en el que está sumergida la provincia del Guayas, sobre todo Guayaquil y Durán que, según el informe elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, son las ciudades que constan ya en el top ten de las metrópolis más violentas del mundo; la ciudadanía exige a los asambleístas no ser más indiferentes a este problema y endurecer las leyes, a fin de que los antisociales, incluso si son menores de edad, sean penalizados como se debe.
Que ya basta de alcahuetería, dicen, ya cansados de ser testigos de hechos en donde chicos de 15 años o menos están involucrados en secuestros o sicariatos, como los últimos reportados en estos primeros días del año.
“Queremos que por una sola vez, que por una única vez, por favor, actúen a favor de las víctimas y sus votantes. No queremos verlos más sentados, debatiendo temas, a veces, banales. Queremos que planteen proyectos de ley, normas que permita en, un corto tiempo, tener mano dura. Los ecuatorianos nos hemos cansado de ser títeres de los criminales. Por eso hago este llamado, porque más allá del presidente y del plan Fénix que dicen que han lanzado, aunque poco se sabe de él, la ayuda debe venir de los legisladores”, sentenció el guayaquileño Ronald Delgado, quien tiene la esperanza puesta en el nuevo Gobierno, pero tiene claro que si la inseguridad sigue escalando se irá del país.
Alberto Montalvo, abogado y residente de La Puntilla, en Samborondón, otra zona afectada por la inseguridad, apunta a que la Asamblea puede dar cabida al cambio haciendo dos reformas al Código Orgánico Integral Penal.
“Por un lado, debe bajar la edad de la imputabilidad a los 15 años para incluir a los menores que actúan como sicarios, a fin de que sean sancionados como adultos; y, a la vez, debe aumentar las penas de prisión hasta establecer la prisión perpetua en caso de crimen agravado o terrorismo”, plantea.
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Para el arquitecto Roberto Lecaro, guayaquileño que debió cerrar las puertas de su negocio el mes pasado ya cansado de las extorsiones, resulta fundamental que la Asamblea, por iniciativa propia, ponga sobre la mesa este tema.
“Si no lo hacemos ahora, las cosas se nos irán de las manos. Es verdad que a la juventud hay que rescatarla, pero también es verdad que hay jóvenes que están violando, que aplastan el gatillo sin pena. ¿Cuándo alguien va a tener pena por nosotros?”, cuestionó el ciudadano, que exhorta a que no solo la propuesta llegue a la Asamblea, sino que no tenga trabas.
“Hoy más que nunca la Asamblea debe ponerse en los zapatos de las víctimas y actuar acorde a ello: debe bajar la edad de imputabilidad. A los adolescentes criminales, como lo ponen en práctica algunos países, hay que penalizarlos como adultos. Tenemos una sociedad podrida. ¿Quieren salvarla? Cambien el Código Penal. Al delincuente menor de edad se lo puede aislar, mandar a una cárcel que sea solo para adolescentes hasta que cumplan la mayoría de edad, pero debe estar en prisión. No en esos reformatorios que de poco o nada han servido”, señaló.
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De forma similar opinó el experto en seguridad y criminología Jhon Garaycoa, quien considera totalmente viable y necesario el cambio en la reforma.
El hecho de que los menores voten a partir de los 16 años y de que, en algunos deportes como el fútbol, asimismo, puedan profesionalizarse también a esa edad, a su juicio evidencia que tienen uso de razón y son capaces ya de decidir o identificar lo que está bien o no en ese lapso.
Hay que reformar el COIP, pero ya, porque si un joven de 16 puede votar, sabe también lo que está bien o mal. Él se va amoldando, entonces sí hay normas que le advierten que podrá ir a la cárcel, sí se puede evitar que caiga y sea parte de las bandas criminales.
“Hoy son muchos los ejemplos que nos confirman que desde los 15 o menos un niño ya tiene uso de razón. En Ecuador, hay evidencia de que las bandas, aprovechándose del argumento legal, reclutan a los adolescentes para que se formen como criminales. Que posiblemente esos menores son huérfanos o tienen carencias afectivas y de educación, y que eso es aprovechado por los delincuentes también es real. Entonces, tener una reforma que los penalice sí puede servir para que ese niño que intenta ingresar a una banda, se frene y no sea parte de ellas”, argumentó.
Para el experto en seguridad Renato Rivera Rhon, sí urge hacer cambio y fortalecer las penas a los jóvenes, pero dependiendo los crímenes que se cometan. Para él, es fundamental además tener en cuenta cuál es la realidad del sistema penitenciario en el Ecuador para dar ese paso.
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“Hay que tener claro que los adolescentes que cometen crímenes son el eslabón más débil de las organizaciones criminales. Es verdad que fortalecer las penas puede enviarles ese mensaje de alerta de que si cometen un crimen podrán pasar más tiempo en prisión. No obstante, hay que tener claro que nuestro sistema penintenciario, totalmente corrompible, hoy da cabida a una estructura del crimen organizado. Por lo que en ese contexto, es mejor pensar en cómo se puede alejar a los chicos del mundo criminal”, argumentó Rivera, que tomando como ejemplo a naciones como Colombia apuntó a que pensando en una lógica barrial, a corto plazo, se invierta más en educación y cultura, lo que fuera necesario, para a partir de allí obtener ese efecto transformador.
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Para Rivera, en este último punto, las alcaldías tienen un rol protagónico. “Ellas pueden ser las generadoras del cambio, lamentablemente, en Ecuador todavía no termina de empatar la idea...”, reconoció el también coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.
Valdría fortalecer las penas, sí, pero no ahora que el sistema penitenciario de Ecuador es corrompible. A futuro, a largo plazo y cuando se genere un cambio real en el sistema y las estructuras, las penas podrían lograr ese efecto deseado. Ahora no.
Para el experto en seguridad Daniel Pontón, teniendo en cuenta los derechos de la niñez y la adolescencia, no se le puede dar a los jóvenes el mismo tratamiento que al adulto criminal; sin embargo, sí es necesario penalizar ciertos delitos.
“La norma debe tener claridad y ser menos flexible y más drástica; pero no en todos los delitos se les debería dar el tratamiento de un adulto. Más allá de eso, lo que este tema nos demuestra es que faltan políticas ligadas a la juventud, lo que da luz verde a que las bandas criminales se nutran de gente joven. ¿Qué hacer? Apostarle a la prevención”, señaló.
Hay que fortalecer las penas, pero no debe dársele a los jóvenes el mismo tratamiento del adulto porque se estarían transgrediendo sus derechos. La norma debe tener claridad y más drástica. Y más allá de eso, se debe trabajar en prevención.
No obstante, aunque la ciudadanía lo cree vital, hoy en vista de tantas vidas perdidas piden priorizar las penas. “Si un adolescente le arrancó la vida sin piedad a un ser, si lanzó una bomba y te violó, ¿por qué seguir siendo dóciles con él?”, cuestionó Ana María Rendón, víctima de la delincuencia.
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