Antonio Banderas derriba su casa de Marbella por temas legales
Antonio Banderas pone fin a los problemas que persiguen al inmueble desde que lo adquirió en 1997
Sin duda alguna, la casa del actor Antonio Banderas en Marbella tenía un significado especial. Allí compartió con quien fuera su esposa, Melanie Griffith, nació su hija Stella del Carmen y fue su refugio durante la pandemia.
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Pero esos recuerdos no fueron suficientes para impedir la decisión del malagueño de demoler la construcción. Desde que compró La Gaviota, nombre del inmueble, ha debido enfrentar muchos problemas. Según denuncias de la comunidad, parte de la finca ocupaba suelo reservado para equipamiento público del corredor marítimo.
Construida en 1995 con una licencia ilegal concedida por el alcalde de ese entonces, Jesús Gil, al actor le ha sido imposible regulalizar los papeles. Este miércoles 17 de julio, de la casa solo quedaban escombros. Ahora la intención del artista español es construir una nueva residencia, siguiendo todos los trámites legales, según indicó una fuente jurídica a diario El País de España.
La historia de La Gaviota
Como ya se dijo, la casa perteneció a Encarna Sánchez, una controvertida locutora española. Según se conoce, el alcalde de Marbella, Jesús Gil, la ‘ayudó’ con los terrenos en los que levantaría su vivienda, a cambio de cierto apoyo en las elecciones de 1991 y 1995.
Sin embargo, la comunicadora no pudo disfrutar mucho de la edificación en la playa. Falleció al año siguiente de habitarla a causa de un cáncer de garganta. Fue entonces que Antonio Banderas decidió comprarla a la heredera de la periodista. Era el año 1997.
No fue sino hasta 2003 que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la licencia concedida por Gil. ¿La razón? Fue considerada ilegal, pues invadía la zona de dominio marítimo-terrestre, según afirma la revista Lecturas.
Desde entonces, Antonio Banderas se ha visto envuelto en una serie de demandas y recursos que dejaron la vivienda en un limbo judicial. Eso, a pesar de que en 2013, el actor llegó a un acuerdo mediante el cual cedía más de mil doscientos metros cuadrados de terreno al Ayuntamiento para paliar en algo la irregularidad y evitar la demolición.
Pero en 2015, el Tribunal Supremo declaró ilegal a la vivienda, luego de que el acuerdo fuera anulado. Empezaron nuevamente las disputas legales hasta que la orden de demolición se hizo efectiva.
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