Aclaración sobre “Un reclamo en la CIDH que puede constarle caro al Estado”

En referencia al artículo “La destitución de diputados que puede constar millones”, publicada el 28 de septiembre de 2020 en la portada de este diario: el caso Fernando Aguirre y otros (53 diputados destituidos del Congreso Nacional) se encuentra en fase de fondo ante la CIDH. En el procedimiento ante este órgano internacional no se discuten montos indemnizatorios, únicamente la violación o no de derechos humanos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. La intención de los demandantes es sentar un precedente regional sobre el respeto a la independencia de las funciones del Estado, el estado de derecho y la democracia. Los demandantes no han solicitado a la CIDH que se les pague 10,2 millones de dólares, como afirma la publicación del diario. La decisión de la CIDH versará sobre la violación de los derechos de los demandantes y sobre los estándares que el Estado ecuatoriano debe mantener respecto al respeto de las instituciones democráticas, la Constitución y los tratados internacionales. Recordamos que es obligación de la Procuraduría General del Estado el garantizar que las indemnizaciones en casos de violaciones de derechos humanos y otros procesos internacionales sean pagadas por las personas responsables de la violación.

David Cordero-Heredia

Abogado de los demandantes del caso Fernando Aguirre y Otros (53 diputados destituidos del Congreso Nacional) ante la CIDH.

Nota de la redacción:

Pedimos disculpas por la confusión que pudo generarse por la forma en que fue redactado el dato que se publicó en portada.