Cartas | La burocracia inepta: un ciudadano atrapado en una multa injusta

En noviembre de 2023 me encontré con un problema que ha puesto mi vida y mi cumplimiento con la ley en una situación insostenible. Al intentar renovar mi licencia de conducir me sorprendió descubrir que, según la plataforma de la Autoridad Nacional de Tránsito (ANT) de Quito, tengo una multa de tránsito de casi $ 100. El motivo: supuestamente conducía con una licencia no autorizada en el Redondel de Cumbayá el 8 de octubre de 2013. Sin embargo, hay un detalle clave: nunca estuve en Quito, y menos en Cumbayá. Vivo en Guayaquil y jamás cometí esa infracción.

Al revisar la multa encontré irregularidades alarmantes: no se menciona la placa del vehículo, no hay evidencia fotográfica y la infracción se habría emitido sin mi presencia en el lugar de los hechos. Estas irregularidades convierten la citación en un acto ilegal y viciado que debería ser anulado por simple sentido común y legalidad. Además, si la infracción supuestamente ocurrió en 2013, ¿por qué no apareció en los últimos 10 años?

Mi peregrinaje por la burocracia comenzó en las oficinas de la ANT en Guayaquil, donde me dieron la razón y enviaron un escrito a Quito para anular la multa. Sin embargo, la respuesta que recibí fue que el proceso tomaría al menos dos meses. Me entregaron una copia del trámite para presentarla a los agentes de tránsito en caso de que me detuvieran por manejar con licencia caducada. Llegó agosto, mes de revisión de mi vehículo, y al intentar obtener un turno me encontré nuevamente con la misma multa que me impidió realizar el trámite. Esto conllevó a una nueva penalización de $ 50 por no pasar la revisión a tiempo. Pese a hablar con el abogado y el director regional de la ANT, y de que ellos contactaron al director nacional, la situación sigue sin resolverse. El problema no requiere una demanda costosa ni un proceso judicial complejo. Se trata de una multa evidentemente caducada y sin validez legal. Solo hace falta una decisión administrativa que nadie se ha atrevido a tomar, dejando a un ciudadano común atrapado en un embrollo burocrático sin fin. Mientras tanto, sigo manejando con una licencia vencida y un vehículo sin revisión técnica, no por mi culpa, sino por la ineficiencia de un sistema que debería proteger al ciudadano, no perjudicarlo. Espero que al exponer mi caso en los medios se ejerza la presión suficiente para que la justicia administrativa actúe y este error, que afecta a muchos ciudadanos, no quede en la impunidad.

Elías Faour