Cartas de lectores | La agonía de la Ruta Viva
La recuperación de la Ruta Viva es prioritaria y ante la escasez de recursos económicos y técnicos para obra pública
En diciembre de 2014 el Municipio de Quito puso en servicio las fases I y II de la Ruta Viva para facilitar el traslado al nuevo aeropuerto Mariscal Sucre e impulsar el desarrollo del valle de Tumbaco. Ambas fases tienen una longitud de 12,8 km y su construcción, según un informe de Contraloría de noviembre de 2018, tuvo un costo de $ 240 millones. La inversión para construir esta obra fue de gran magnitud, pues comprende seis carriles, tres en cada sentido, separados por un parterre, sin cruces a nivel, vías laterales para el tráfico local, rampas de acceso y abandono de la ruta con carriles de aproximación y separación y cruces elevados para la intercomunicación urbana y retorno.
La operación y conservación de una vía de estas características requería financiamiento para su mantenimiento, mejoramiento y terminación, pero el Gobierno nacional y el Consejo Municipal administrados por el movimiento político Alianza PAIS decidieron no imponer recaudación por su uso, dejando la obra sin recursos. Las dos administraciones subsiguientes prefirieron no mirar el deterioro de la vía, permitiendo que el uso y el clima desgastaran la carpeta.
La falta de mantenimiento es notable, la mayor parte de la capa de rodadura está deteriorada, con la carpeta asfáltica agrietada, que se desprende constantemente y obliga al bacheo permanente. La actual administración municipal tiene más de 15 meses en funciones, pero al parecer el mantenimiento de esta ruta es parte de su escaso conocimiento de la movilidad, pues no se advierte alguna acción para implementarlo.
La recuperación de la Ruta Viva es prioritaria y ante la escasez de recursos económicos y técnicos para obra pública de Estado y Municipio, es oportuno considerar la participación de la empresa privada. Hay contratos vigentes de carreteras que están encomendadas a empresas privadas que ofrecen servicio adecuado, como las vías del Guayas, por más de 20 años, y la Quito-Ambato por 14 años, en las que los peajes aportan parte de los recursos para su mantenimiento, mejoramiento y ampliación.
La contratación en condiciones económicas y técnicas justas y suficientes garantizaría el buen funcionamiento de la vía, incorporando servicios de auxilio mecánico, sanitario y vigilancia, además de la ejecución de la fase III, que reduce en 4 km el recorrido al aeropuerto, libera la parroquia de Pifo del tráfico y recorta el tiempo de viaje en 10 o 15 minutos.
Alfredo Sánchez Núñez
