Cartas de lectores | Más arbitrariedad, más inseguridad jurídica

La campaña electoral arrancó con maniobras desde el Poder Ejecutivo y Legislativo para imponer intereses políticos por encima de la ley, y las jugarretas en marcha de determinadas fuerzas políticas para asumir el control del CPCCS, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía y otros órganos importantes del Estado. Con estos acontecimientos se profundiza la inseguridad jurídica, cobrando más dramatismo cuando se origina en la cúpula del Estado, en instituciones y autoridades que deben dar ejemplo de apego al ordenamiento jurídico, lo que deriva en mayor desinstitucionalización y fomenta la delincuencia organizada. Unos creerán que acciones políticas por encima de la ley solucionan los problemas derivados de la irresponsabilidades de los propios protagonistas, pero no es así. Las consecuencias jurídicas no desaparecerán; se enconarán, perdurarán y tendrán efectos en todos los ámbitos cuando reaccionen Asamblea, Contraloría, Tribunal Contencioso Electoral, la justicia ordinaria y la constitucional. La justicia actúa de conformidad con la correlación de fuerzas políticas, por lo que tras un momento político viene otro y entonces se cobran cuentas pendientes. Lo más grave es que, sea cual fuera el resultado electoral para la presidencia de la República, estará signado con dudas de legitimidad y podrán darse conductas políticas oportunistas, dependiendo de si les favorece o no. Son consecuencias de conductas arbitrarias que violentan la Constitución y las leyes, y desprecian la objetividad de lo jurídico expresada en el contenido de las leyes. Cuando se trata de normas jurídicas que rigen procesos electorales está en juego la voluntad soberana del pueblo, que es manipulada con la inobservancia de las reglas de la democracia. Con los atropellos a la Constitución y leyes se han ido esfumando las bases fundamentales del Estado de derecho y cada vez imperan más las decisiones de hecho. El gobierno de la voluntad de las leyes va siendo sustituido por la voluntad política de gobernantes y el derecho como norma, por el derecho como decisión. Ello implica mayor inseguridad jurídica y menos posibilidades de inversión.

Carlos Castro Riera