Cartas de lectores | Coca Codo Sinclair está en cuidados intensivos

Coca Codo Sinclair fue uno de los proyectos más importantes del Plan Nacional de Electrificación de los 70 y 80. Sus estudios se iniciaron en 1976, y entre 1990 y 1992 se realizó el diseño de factibilidad en dos etapas continuas que generarían 859 MW de potencia para optimizar la alternativa seleccionada. Un informe advirtió la amenaza que representaba la cascada de San Rafael para el desarrollo de una obra sobre el cauce del río Coca. El sustento para esta alerta: la cascada Agoyán, a 1.500 m de la represa de la hidroeléctrica Agoyán, en plena construcción en los años 80 sufrió un retroceso de 800 m en tres años. Esto no fue tomado en cuenta cuando en 2007 el proyecto fue ‘rediseñado’, hasta alcanzar una potencia de 1.500 MW. Está documentado que la obra se realizó en contra de todos los estudios y advertencias sobre las condiciones geológicas de la zona: sujeta a terremotos (el último fue en 1987) y con un volcán activo cuyo proceso eruptivo se inició en 2002 y recrudeció en 2010. Otros estudios decían que la cantidad de agua del río no alcanzaba para tanta generación de electricidad. Quedó en evidencia la falta de planificación de aprovechamiento del recurso hídrico. Hoy la operación de la central está en riesgo: se han identificado miles de fisuras de hasta 38 cm y se acusa a la constructora de emplear materiales no homologados en los ocho distribuidores, además de no efectuar un adecuado control de calidad, etc. El proyecto terminó salpicado de sobornos, daños ambientales y el temor a un desastre mayor, agravado a partir del 2 de febrero de 2020 con el colapso de la cascada de San Rafael. Ahora hay otro problema muy serio: el desarenador que debe retener los sedimentos mayores a 0,25 mm no trabaja adecuadamente; la cantidad de sedimentos es mucho mayor a la contemplada en el diseño final y hace que la generación se paralice para salvaguardar el equipamiento de la central. La producción de sedimentos del río Coca en el sitio de captación se estimó durante los diseños de factibilidad, 1992, en 6,2 millones de m3/año; tras el terremoto de marzo de 1987 se estimó en 18 millones m3/año, lo que no se consideró en el diseño final. No se tomaron en cuenta las advertencias de los riesgos porque un nuevo estudio habría retrasado la construcción. El Estado privilegió el juego de fuerzas geopolíticas poderosas, antes que los riesgos naturales. Se requiere un análisis técnico profundo que permita establecer las causas de la cadena de eventos, a fin de plantear un camino técnico adecuado.

Jacinto Rivero Solórzano