Cartas de lectores: La crisis de la justicia

Con el advenimiento de la Revolución francesa los jueces pasaron a ser designados por la Asamblea

La crisis de la justicia es uno de los más apremiantes problemas del país. De su superación dependen, en gran medida, su paz y progreso. Existe consenso generalizado de que el sistema judicial imperante no da más; ha llegado a tal nivel de ineficiencia y corrupción que no puede mantenerse más tiempo. Por ello conviene conocer lo que se ha hecho en otros países a través del tiempo y lo que se puede hacer en el nuestro.

En Grecia antigua la administración de justicia correspondía al Areópago, Tribunal Superior célebre por su reputación de sabiduría. Sin embargo, la justicia griega experimentó severas críticas por sus desviaciones, como el caso de Hesíodo, quien perdió un juicio contra su hermano Perseo por la herencia de su padre, por causa de jueces corruptos a los que calificó de “reyes devoradores de regalos”; esto es coimas. La judicatura en la época medieval, anterior a la Revolución francesa, estuvo en manos de la clase dominante, que designaba jueces para proteger sus intereses. Estos constituían la ‘aristocracia de la toga’ y se convertían en dueños de sus cargos, al punto que podían venderlos, como hiciera el propio Montesquieu, autor de El espíritu de las leyes. Con el advenimiento de la Revolución francesa los jueces pasaron a ser designados por la Asamblea, escogidos entre prominentes abogados, por su probidad notoria y destacado ejercicio profesional. En nuestro país se dio tal experiencia hasta fines del siglo pasado. Luego se pasó a su designación por medio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, supuestamente integrado por miembros políticamente independientes, que debían escoger a los jueces entre personas de integridad personal y profesional, experimento actualmente vigente, que ha demostrado ser un rotundo fracaso por la politización de la justicia. Es necesario sustituirlo y como alternativa se propicia la elección de jueces por votación universal, un gigantesco absurdo, pues a los elegibles se los designaría por simpatía, compromiso político o afinidad, antes que por valoración de sus méritos personales y profesionales. En tal propósito hoy se encuentra empañado el pueblo mejicano. Otra alternativa es la creación de la carrera judicial, previo una preparación académica que garantice una sólida formación de jueces y fiscales, que tras una serie de ascensos lleguen a ejercer la Magistratura en la Corte Nacional de Justicia, fundamentado en su capacidad y probidad comprobados.

Jorge Egas Peña