Cartas de lectores | “Somos entidad rectora”
Estas actitudes de algunas “entidades rectoras” son contrarias a los fines del Estado
Se ha vuelto una rutina utilizar la expresión “somos entidad rectora” por parte de ministros, viceministros y más altos funcionarios del Estado central, para salir al paso de objeciones o cuestionamientos realizados por personas, instituciones, colectivos ciudadanos o gobiernos locales, frente a políticas públicas, conductas u acciones emanadas de dichos servidores públicos.
Estos altos burócratas tienen en la punta de la lengua la muletilla “somos entidad rectora” para decir que son ellos quienes tienen la decisión final que debe observarse, cumplirse y que nadie puede rebatir por más que sus actuaciones o resoluciones, violen derechos o quebranten el ordenamiento jurídico.
Con esta expresión “somos entidad rectora” se pretende generar silencio, sumisión y hasta reverencia hacia los actos y resoluciones administrativas de ciertas autoridades nacionales que tienen una actitud de minimizar o desvalorizar lo que digan “los de provincia”, como si su criterio fuese omnímodo o incontrovertible.
Esta actitud de personeros o voceros de las “entidades rectoras” expresa una visión centralista y neocolonial, que considera a los habitantes “de provincia” en una situación de vasallaje, inferioridad, dependencia, subordinación, que debe llevar a un acatamiento dócil de toda política o decisión asumida desde las esferas del poder central, por más que las mismas atropellen la Constitución y las leyes vigentes.
Por lo mismo, a ciertas algunas autoridades “rectoras” nacionales, no les importa las expresiones de la voluntad soberana de los habitantes de una comunidad, parroquia, cantón o provincia, dado que, desde su visión monárquica central, esas poblaciones son de territorios en los cuales se puede imponer cualquier sacrificio a los intereses estratégicos del proyecto de vida de comunidades urbanas y rurales. A la final resultan ser habitantes de territorios de conquista y explotación, que incluso pueden ser arrasados.
Estas actitudes de algunas “entidades rectoras” son contrarias a los fines del Estado determinados en la Constitución, atentan a la unidad nacional, impiden un desarrollo equitativo y solidario de todos los territorios, no protegen el patrimonio natural y cultural, peor generar paz y seguridad, ni fomentar una sociedad democrática.
Carlos Castro Riera
