Cartas de lectores | Los pendientes de la dolarización

Es vital que la Constitución incluya explícitamente la dolarización pues la tentación política siempre estará presente

El 9 de enero la dolarización cumplió 25 años como sistema monetario del país. Llegó en una hecatombe política, económica y social. Años atrás eclosionaron varios factores que postraron al país, como caída del precio del petróleo, fenómeno de El Niño que provocó daños importantes en la infraestructura del país y la pérdida de miles de áreas de cultivo; caída de más de 40% del sistema bancario de la época, congelamiento de depósitos, afectaciones al sector productivo como mancha blanca al camarón o sigatoka al banano, quiebra generaliza de empresas, emisión inorgánica de dinero (derivada de financiamiento del déficit vía préstamos del BCE), inadecuado manejo de la política económica. El gobierno de Mahuad decide adoptar la dolarización más como salvavidas político que técnico, que al final no le sirvió; pocos días después, 21 de enero, es derrocado. La decisión de dolarizarnos formalmente continúo, vinieron reformas legales y demás pasos para consolidar el sistema. Resultados inmediatos saltaron a la vista, como reducción de tasas de interés, estabilidad de precios (la inflación se redujo sustancialmente en los siguientes meses), recuperación del poder adquisitivo, mejora sustancial del salario, etc. Pero la dolarización no es una varita mágica que soluciona los problemas; requiere flujo constante de dólares hacia la economía como aumento de las exportaciones que se logra diversificando la oferta exportable y la búsqueda de más mercados (acuerdos comerciales); las exportaciones están concentradas en pocos productos, la dinámica de acuerdos comerciales se evidencia en los últimos cinco años. Seguimos dependientes del petróleo, el rubro minero está despegando pese a dificultades en la aprobación de nuevos permisos, la minería ilegal, trámites excesivos, etc. La atracción de inversión extranjera directa (IED) es fundamental, pero la inseguridad jurídica, las condiciones del mercado laboral, la excesiva tramitología, los problemas constantes entre los poderes del Estado (en especial entre Ejecutivo y Legislativo), etc., nos lleva a estar entre los cinco peores destinos de IED en América Latina. Debe garantizarse el ingreso de banca internacional para reducir tasas de interés, mejorar los términos de deuda externa (y su tamaño frente a la economía), reducir el gasto público, definir la estrategia para atender la seguridad social, eliminar el ISD, revisar subsidios. Es vital que la Constitución incluya explícitamente la dolarización pues la tentación política siempre estará presente.

Jorge Calderón Salazar