Cartas de lectores | El principal problema político-jurídico

Las ofertas que hicieron los candidatos incluyeron propuestas salidas de la doctrina del populismo, unos más otros menos. Esta forma de propaganda es aventurada y aunque perdieron todos los candidatos, menos dos, la inquietud queda ahí palpitando para ver si quien gana las absorbe por cuenta propia y riesgo calculado.

Dos son los problemas que más importan en estos momentos: la administración de justicia, de la cual depende la seguridad y la prosperidad para la ciudadanía; y la supresión del CPCCS, que tiene a su cargo una responsabilidad tan grande y que se desempeña en exceso irresponsable. Para enfrentar el problema más importante del país está el enfoque del populismo, pues cuando se lo cita desde los candidatos se transforma en una herramienta apropiada para confundir al electorado y hacer que tome una decisión equivocada. No reparan en que las soluciones implican más deuda y leyes más ineficientes porque la mayoría que están vigentes son injustas. A su vez, en una política más pragmática, que se le achaca al Gobierno, se intentaba que el elector decida rápido. Y los indecisos son bastantes, no los suficientes para que inclinen el fiel de la balanza, pues el resultado está a poca distancia, tanto que habrá segunda vuelta.

Esta es la discusión que entraba las cosas y complica las soluciones. Hay quienes dicen que si Terán hubiera conseguido que el Gobierno transfiera más de $ 200 millones a la Judicatura ahora la justicia marcharía mejor que una locomotora. No fue así porque Terán fue condenado por fraude y asociación para delinquir. Entonces, ¿en qué hubiese quedado el dinero si se lo transfería? Habría sido la provocación para todos los delincuentes natos, pues en arca abierta el justo peca.

Por esta razón, un manejo eficaz de los fondos para la justicia es urgente, ya que de ello depende la confianza de la ciudadanía y su eventual respuesta ante la inseguridad pública.

La solución es preparar legislación que haga oneroso el acto de delinquir, mediante la extinción del dominio, la confiscación de lo saqueado y penas de prisión más severas. En lo segundo, el CPCCS es un ente, no una institución republicana, diseñado para el enriquecimiento ilícito bajo el pretexto de nombrar cargos de control que al final lo que controlan es el flujo del dinero para fines particulares, bajo la inspiración de aquella frase de ‘acuerdos entre personas privadas’. Por ventura el CPCCS está neutralizado.

Francisco Bayancela