Cartas de lectores | Propuestas para que el concurso nos dé un fiscal probo

Nuestro país se encuentra tomado por la corrupción, dentro de la cual, la corrupción judicial, ligada a la corrupción política, cada día se hace más difícil de detectar, comprobar y sancionar. De allí que el concurso que debe realizarse para designar a la nueva o nuevo fiscal general es de vital importancia para la supervivencia del país, pues la lucha desarrollada con valentía por la Fiscalía General y la Dra. Diana Salazar no puede truncarse. Ya hay un proyecto de reglamento para el concurso en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el cual debe ser discutido y analizado exhaustivamente para no permitir que algún abogado vinculado a la delincuencia organizada llegue a esta alta función del Estado. Y deben presentarse y discutirse otros proyectos. Sustentado en los artículos 95 de la Constitución de la República y 1, 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, propongo que se incluya una disposición que en forma expresa, una vez convocado el concurso para fiscal general, previamente a ser considerados y aceptados los abogados como inscritos para participar en el concurso, se realice una investigación profunda de la trayectoria personal y la conducta humana, psicológica, ética y profesional de los mismos, y una investigación a fondo de sus bienes muebles e inmuebles en Ecuador y en el extranjero, cuentas bancarias, certificados de depósitos, pólizas, acciones en compañías y fideicomisos, dinero, bonos, pólizas, acciones, vehículos y enseres; así como de todos los bienes y efectos antes descritos de sus familiares de consanguinidad y afinidad, para evitar el testaferrismo. Y la prueba oral, porque un fiscal debe saber expresarse verbalmente, con conocimientos y elocuencia en las diferentes fases de un proceso penal. A estos requisitos deberán agregarse otros que tienen que ver con la experiencia, los conocimientos, publicaciones, ejercicio de la cátedra universitaria, funciones en judicaturas, carrera judicial, etc. Solo de esta forma se podrá garantizar que quienes concursen sean juristas probos, libres de toda sospecha. Si la Fiscalía General cumple con rectitud y sapiencia su rol jurídico especializado, camino iniciado e impulsado por la Dra. Diana Salazar Méndez, podremos recuperar a la administración de justicia ordinaria de nuestro país. Me estoy dirigiendo al CPCCS, pidiendo que en el proyecto de reglamento para el concurso de fiscal general se incluyan estas propuestas.

Simón Zavala Guzmán