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Alfonso Albán Espín | Lo que es tener un CNE de cartón

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Un árbitro de cualquier liga barrial tiene más poder de acción que el Consejo Nacional Electoral

El Gobierno Nacional cree que los votantes somos unos idiotas. Es que no hay otra forma de entender por qué permite que sus candidatos a asambleístas participen sin el más mínimo descaro en eventos públicos pagados con dinero de todos los contribuyentes. ¿Qué hacían aspirantes a la Asamblea por el oficialismo en un evento público en la provincia de El Oro tomándose fotos y bailando en medio del público? Promocionándose, obviamente. ¿Alguno de sus asesores o, por lo menos, sus conciencias no les advirtieron lo incorrecto que es aprovecharse de los recursos públicos para promover sus nombres indirectamente en época de precampaña electoral? Claro que no.

Indigna y molesta. Ya no que manoseen las reglas del juego electoral. No se puede esperar nada menos de los políticos de este país y sus candidatos, sino que crean que los electores son tontos para no darse cuenta de ese burdo aprovechamiento de los recursos públicos. Si siendo candidatos participan en eventos pagados con dinero de los contribuyentes en claro desequilibro con el resto de postulantes, qué se puede esperar cuando lleguen a los cargos por los que postulan.

Y el Consejo Nacional Electoral brillando por su incapacidad. El que se dice ser el árbitro de la democracia y del proceso electoral no dice ni hace algo al respecto. Un árbitro de cualquier liga barrial tiene más poder de acción que el Consejo Nacional Electoral. Puede sancionar o expulsar al jugador en ese momento, ¿y el CNE? Tiene que esperar una denuncia, que se levante un informe, que vaya al pleno, que se apruebe o se rechace y hasta que eso suceda, el presunto infractor ya fue electo y, posiblemente, está ejerciendo su nuevo cargo. La burocracia sacando a relucir la mejor (o la peor, como se quiera ver) de sus cualidades: la ineficiencia cuando le conviene a sus intereses.

Un CNE de cartón y candidatos que se aprovechan del dinero público son una mezcla de inequidad e inmoralidad que no puede pasar por alto para nadie, empezando por los votantes y siguiendo por las autoridades electorales y los otros candidatos. No se puede esperar nada decente de postulantes de cualquier organización política que usufructúen indirectamente de recursos y espacios públicos para ganar algo de votos y tampoco de quienes lo permiten.