Bernardo Tobar: 567, la marca del ‘establishment’

Una búsqueda simple revela 567 entidades públicas en Ecuador que se nutren de los contribuyentes, entre ministerios, secretarías, consejos, agencias, superintendencias y organismos de rebuscada denominación y, salvo excepciones, ilusoria utilidad. 

Y este listado es apenas la punta del iceberg. Estas entidades cuentan con una estructura parasitaria de jefes, subjefes, asistentes, asesores, correveidiles y pájaros de toda pluma. Y pasa lo de muchos cocineros en la cocina, que se estorban y se disputan poder mientras arde el churrasco y se derriten los helados, cuando tienen algo que hacer; y cuando no, inventan sin parar regulaciones y permisos a los que han de estar sometidos quienes financian con tributos sus excesos burocráticos y promiscuidad normativa.

El origen de este Leviatán y sus inacabables tentáculos es colonial y cultural. Antes de la independencia casi todo exigía una licencia, cédula o privilegio real. La emancipación política de la Corona no modernizó mucho estas prácticas, que continuaron bajo ambiciosos liderazgos, empezando por el propio Bolívar y su constitución de Bolivia, que emulaba los poderes imperiales y vitalicios de Napoleón. Añádase el legado colectivista por el lado indígena, que sometía al individuo al dictado del jefe tribal.

De estas fuentes se ha alimentado una cultura que no se siente cómoda sin el arbitraje de la autoridad, donde el individuo proyecta la falta de autonomía en desconfianza del prójimo. Como la suposición generalizada es que el otro no es de fiar, infinidad de transacciones que podrían acontecer en el marco del intercambio espontáneo y libre son sometidas a la duda sistemática, puerta de entrada del tutor público. La buena fe no es un principio que se presume, como dice la ley; es una excepción que ha de comprobarse, como dicta el instinto deformado. 

Y la prueba, por fuerza de la tara colectiva, proviene de la tasación burocrática, que muchas veces contradice la única licencia que vale: la no escrita, atribuida por el mercado o la sociedad en mérito de un comportamiento consistente y veraz. De hecho, si la autoridad no se entrometiera, las personas harían sus propias verificaciones; si no hubiera la planificación estatal, andarían por el camino de sus sueños e iniciativas; si desaparecieran las camisas de fuerza regulatorias, progresarían con agilidad, nada de lo cual conviene al ‘establishment’.