Bernardo Tobar: El cáncer político regional

Reducir el problema a uno de violaciones de convenios internacionales, que si México hizo la puñeta con las normas sobre el asilo y Carondelet, con las de la inmunidad, entreteniendo las denuncias de rigor, seguidas de palmaditas en la espalda para restablecer el buen rollo en las relaciones diplomáticas -sin perjuicio de que se cumplan tales protocolos-, sería tomar el rábano por las hojas, porque en la raíz del impasse está un cáncer político regional.

Procesados y sentenciados por graves delitos que no es posible calificar de políticos bajo el derecho internacional, han recibido refugio o asilo por gobiernos afines al Grupo de Puebla, coidearios de los ladrones de cuello blanco que han protegido. Y la guinda en este pestífero pastel la colocó el gobierno mexicano, también de corte poblano, con una cadena de sucesos de impresentable catadura, que incluyen el amparo a varios operadores de su línea política, prófugos que en su territorio se han reunido, como Juan en su casa, a urdir la desestabilización de la frágil democracia ecuatoriana. 

Pero la cosa no queda ahí; ha optado López Obrador por colarse en el ajo asociando, en declaraciones públicas, el magnicidio de Fernando Villavicencio con una maquinación electoral, para culminar, como si tal intromisión no hubiera rebasado todo límite, con el otorgamiento de un asilo espurio a un sentenciado.

En estas circunstancias, sumadas al conflicto armado interno que también tiene conexiones con carteles mexicanos, ¡vaya coincidencia!, donde cada día afloran pruebas de la conexión narco, jueces de alquiler, ‘habeas corpus’ y asilo o fuga, en este orden, una nueva burla a la acción de la justicia y a los esfuerzos heroicos de la vindicta pública por combatir la impunidad, recargada de significación por los involucrados, hubiera supuesto un golpe artero a la gobernabilidad del Ecuador, a la convalecencia de su enclenque estado de derecho y a la viabilidad de su proceso democrático -que incluye, detalle no menor, la consulta sobre la extradición-, bienes jurídicos que están muy por encima del respeto coyuntural a una norma internacional sobre privilegios diplomáticos, por importante que sea. Si alguna duda cabe sobre el acierto de la acción de Carondelet, baste constatar la reacción histérica que suscitó, la que cabría si todo un tinglado conspirativo se hubiera quemado en la puerta del horno.