Bernardo Tobar: Desperdicio de reforma
Se entiende que haya logrado una cómoda mayoría en la Asamblea, pues no topa ningún aspecto controversial o trascendente
La Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo es bastante inocua y en ciertos aspectos, regresiva. Se entiende que haya logrado una cómoda mayoría en la Asamblea, pues no topa ningún aspecto controversial o trascendente. En cuanto a la atracción de inversiones, el régimen de alianzas público-privadas (APP) ya existía y no funcionaba, salvo alguna excepción, por lo impracticable del proceso, concebido para satisfacer el afán policíaco de la burocracia en lugar de incentivar y facilitar la concreción de proyectos. Nada cambia al respecto.
La creación de zonas francas es una idea vieja y positiva, pero al igual que para las APP, abundan los cuellos de botella oficiales, lo que resulta inconcebible en el estado calamitoso de la economía nacional, urgentemente necesitada de flujos de inversión privada.
Es regresivo porque la estabilidad fiscal, que no es más que la aplicación del principio constitucional de seguridad jurídica al ámbito tributario, queda condicionada al aumento en dos puntos porcentuales de la tasa del impuesto a la renta. Lo que era una garantía general, inherente a la predictibilidad de la regla de derecho, ha pasado a ser un privilegio reservado a quienes quieran pagarlo, lo cual no solamente perjudica al contribuyente común, sino que constituye un pésimo e inconstitucional precedente para la estabilidad normativa en general.
Las deducciones por generación de empleo ignoran la realidad del mercado laboral, pues las contrataciones obedecen al perfil que necesita una posición, con independencia de la edad o los antecedentes judiciales del trabajador. Se puede apreciar el guiño social de estos incentivos, pero no van en la línea de lograr reformas estructurales para dinamizar la oferta de empleo.
Lo que no es inocuo es el colmillo fiscalista, que succionará fondos del sector privado para alimentar un Leviatán elefantiásico con la autoretención que deben practicar los grandes contribuyentes, que no es otra cosa que un anticipo del impuesto a la renta en un momento en que, si algo debería hacer el Estado, es bajar la carga impositiva para compensar el enorme gasto que sufragan los ciudadanos y las empresas para enfrentar la inseguridad, objetivo que las instituciones públicas parecen estar cada vez más lejos de cumplir, amén de la complicidad de algunos de sus operadores con las mafias y la impunidad, que originó la metástasis.
