Bernardo Tobar | Eutanasia

Expresé en anterior columna mi posición sobre este tema: debe legalizarse. Y así lo ha resuelto la sentencia (‘Sentencia’) de la Corte Constitucional (CC), pero ha elegido un camino desafortunado, que origina otros riesgos y prohibiciones que paso a comentar.

Si bien la CC reconoce que el derecho a disponer de la propia vida es, en lo que debe incumbir a los tribunales, inherente al libre albedrío, en cuyo caso no debería tener más límite que el derecho de otro, no ha sido coherente en todas las consecuencias de esta premisa, pues ha limitado la eutanasia a una situación en la que concurren los elementos excepcionales que, a criterio de la CC, la habilitan, esto es una condición de sufrimiento físico grave e incurable que impide el libre desarrollo de la personalidad. Si el argumento es que la terminación de la propia vida se enmarca en el ejercicio de la libertad personal, ¿qué justifica mutilar esa libertad, permitiendo su ejercicio sólo en predeterminadas circunstancias de excepción? ¿Y por qué ese consentimiento libérrimo queda, en último análisis, supeditado a la constatación de tales circunstancias por terceros?

Por otra parte, con la misma lógica que se reconoce el valor del consentimiento del paciente que decide su eutanasia, debe reconocerse la libertad del otro, persona física o jurídica, para negarse a participar en su ejecución. La Sentencia mutila esta libertad en dos aspectos: la limita a la objeción de conciencia y la niega arbitrariamente a la persona jurídica. Estas son vehículos de expresión y ejercicio de los derechos de libertad del individuo que las funda o se asocia, y las restricciones impuestas a aquéllas se traducen, en consecuencia, en limitaciones a los derechos de éstos. Crea, además, un impedimento serio a la consecución de fines que, por conciencia, ciencia, creencia o la razón que fuere, forman parte del objeto social y valores de sociedades -hospitales, centros de salud, entidades que las financian con donaciones o aportes de cualquier naturaleza-, pues se verían obligadas a poner su infraestructura y medios al servicio de un procedimiento contrario sus fines sociales. Hoy estarán obligadas a practicar la eutanasia y mañana, al cambio de sexo y todo el catálogo Woke. Libertad para unos y regresión para otros.

Se ha expulsado un credo del ordenamiento jurídico, lo cual está bien, abriendo la puerta a otro.