Bernardo Tobar | ¿IVA, ICE, Aranceles? No: 567
No es aceptable que un Estado hipertrofiado e inerme... pretenda aumentar tributos sin exhibir un plan concreto
A propósito del aumento de tributos propuesto para financiar el déficit fiscal, hace varias semanas comenté sobre las 567 entidades públicas en Ecuador que se nutren de los contribuyentes, cifra que es apenas la punta del iceberg. Estas entidades cuentan con una estructura parasitaria de jefes, asesores, sableadores, correveidiles y pájaros de toda pluma. En su gran mayoría no agregan valor a la convivencia ciudadana y más bien la entorpecen con regulaciones absurdas, trámites interminables e infaltables permisos previos. Y en algunos casos, hasta son instrumentos del crimen organizado.
Durante décadas, y de manera especial durante la larga pesadilla socialista que inició el 2007, la lotería petrolera y el acelerado endeudamiento público financiaron, además de los bolsillos de varios angelitos revolucionarios, un crecimiento sin ton ni son del aparato estatal, que ya hizo metástasis. Y ningún gobierno posterior ha realizado un esfuerzo profundo, estructural y sistemático para revertir esa incontinencia estatista. Al contrario, a correr que todo es pampa, dale nomás con la promiscuidad regulatoria.
Resulta ominoso facturar a los contribuyentes el déficit causado por diseño político y no por azar incontrolable. Un país conocido por su inestabilidad institucional, que no ofrece seguridad jurídica -los incesantes cambios tributarios son la mejor prueba-, en el que apenas un tercio de la población económicamente activa tiene un trabajo formal y que vive en inseguridad rampante, necesita medidas contundentes y agresivas para atraer inversiones, generar empleo y recuperar la capacidad de creer y crecer de la economía. Aumentar impuestos no es una de ellas.
No es aceptable que un Estado hipertrofiado e inerme -entre otras razones, por su propio sobrepeso burocrático- pretenda aumentar tributos sin exhibir un plan concreto de reducción estructural y drástica del aparato público y su gasto. Esto debe partir de un cambio de enfoque respecto del rol del Estado, de terminar con la mentira de que los ciudadanos deben ser tratados como menores incapaces, necesitados de un tutor público para moverse por la vida. El Ecuador no puede continuar entreteniendo extravagancias propias del estado de bienestar europeo -que también está llevando a la quiebra moral y económica a ese continente- cuando no es capaz de garantizar el primer derecho ciudadano: la seguridad.
