Bernardo Tobar: La mano invisible

Desde el Código Civil de 1860 hasta la actualidad se define la ley como la declaración de la voluntad soberana que manda, prohíbe o permite. Nuestro sistema constitucional, a pesar de todos sus cambios, ha mantenido al pueblo como titular de la soberanía y al Congreso elegido por aquél como el instrumento de su ejercicio. Nadie debería dudar, entonces, que solo la Función Legislativa, cualquiera sea su nombre -antes Congreso, hoy Asamblea Nacional-, puede ser fuente de normas de carácter general que manden, prohíban o permitan, cabría suponer. Pero la realidad es otra.

La Constitución es bastante explícita confirmando este principio, al disponer que solo mediante ley orgánica se puede regular el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, es decir tanto el contenido de los derechos como las condiciones para su ejercicio. Y la Corte Constitucional ha expedido algunas sentencias extinguiendo ordenanzas municipales que pretendieron legislar, esto es regular derechos y no tan solo instrumentalizar procesos. Dicho sea de paso, ya en 1789 la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano estableció que la ley es la expresión de la voluntad general, elemento fundamental para distinguir un estado de derecho de una monarquía medieval o una dictadura bolchevique, donde la norma depende del capricho del camarada. Que vivimos en un estado de derecho, cabría suponer. Pero la realidad es otra.

Todo este cimiento sobre el que descansa el imperio de la ley y la seguridad jurídica ha sido inutilizado por una élite burocrática inmune a los cambios de administración y a las órdenes superiores. En la práctica, miles de normas de rango inferior a la ley, desde decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales, ordenanzas municipales hasta simples resoluciones administrativas, han minado la vigencia efectiva de los derechos y libertades civiles, supeditando su ejercicio a permisos y licencias inconstitucionales y al cumplimiento de procesos tortuosos plagados de requisitos absurdos, sin otra razón de ser que aumentar el poder de esa estructura parasitaria, que opera tras bastidores, sin otro interés que su propia supervivencia y cuya mano invisible, omnipresente, sepulta la ley bajo el peso de la inextricable normativa secundaria, que aumenta cada día en metástasis incontenible. Que un jefe de estado haría algo al respecto, cabría suponer. Pero la realidad es otra.