Bernardo Tobar | Menudo gigante

Es una ciudad-estado con un área apenas mayor al cantón Daule y un tercio de la población del Ecuador, sin recursos naturales, pero está entre las economías más ricas del mundo. Ha crecido por décadas a un promedio anual de 6,5 % y se encuentra entre los diez mejores países, tanto por índice de desarrollo humano como por PIB per cápita, que subió de $ 517 en 1965, año de su independencia, a $ 64.582 en 2018. Inflación anual promedio de 1,82 %, tasas de pleno empleo, una calificación de triple A al riesgo soberano, y las primeras calificaciones en educación, sanidad y transparencia política. Solo contrae deuda para invertir -no para gastos corrientes- en proyectos públicos que producen más renta que el costo financiero.

¿Cuál ha sido el secreto? Lleva cinco décadas apostándole consistentemente al libre mercado, con políticas claras para atraer enormes flujos de inversión extranjera directa: estabilidad política y legal, facilidad para hacer negocios, tasas tributarias extremadamente competitivas (22 % renta personal, 17 % renta corporativa, 7 % IVA, 8 % desde el 2023), un sistema laboral flexible que permite a las empresas adaptarse sin costo a los ciclos económicos y la adversidad, entre otros elementos de una economía liberal combinada con un gobierno pequeño, austero, que interviene para facilitar negocios, no para controlarlos o entorpecerlos.

Las empresas del Estado son rentables o se cierran, están organizadas bajo estructuras mercantiles y sometidas el mismo régimen de competencia que las empresas privadas: sin privilegios y con las mismas tasas impositivas. Varias se han convertido en prestigiosas multinacionales, listadas en bolsa.

Su economía está enfocada en la exportación y en industrias de alto valor agregado, destinos preferido de las empresas con tecnologías disruptivas, especialmente en el ámbito de blockchain, que está fugando de jurisdicciones con sobrepeso regulatorio y tributario.

De casos como este, Singapur, deberían extraerse lecciones. Aquí todavía se oyen voces, en ambos extremos del espectro político, que abogan por aumentar impuestos. Es exactamente lo contrario de lo que necesita el Ecuador: un achicamiento drástico del aparato burocrático, a partir de un cambio de misión: facilitar, eliminando el abultado sistema de permisos previos y sanciones, que a la larga terminan constituyendo oportunidades de corrupción.