Bernardo Tobar: Moratoria legislativa
Si algo es seguro, ¡vaya paradoja!, es la alteración constante de la regla de derecho
Hay varias sentencias de la Corte Constitucional que reconocen la estabilidad de la regla de derecho como uno de los elementos esenciales de la garantía de seguridad jurídica contemplada en el art. 82 de la Constitución. Conviene recordarlo, pues, aunque obvio corolario del citado principio, no consta en el texto referido y más bien caracteriza al sistema el cambio normativo según el vaivén político y el insaciable apetito controlador de los operadores de turno. Las cartas políticas han regido menos de 10 años en promedio, y en asuntos que afectan al patrimonio personal, la atracción de inversiones y consiguientemente al empleo, hay en promedio más de una reforma tributaria anual. Si descendemos a la reglamentación secundaria, instrumento del que abusa el aparato público para expandir con desenfreno sus tentáculos, desbordando los límites constitucionales, encontramos una arena densa y movediza de normas caóticas que inmoviliza iniciativas y libertades.
Si algo es seguro, ¡vaya paradoja!, es la alteración constante de la regla de derecho. La estabilidad legal, que la Constitución garantiza a todos por igual, la norma secundaria reserva a unos pocos, los beneficiarios de cuantiosos convenios de inversión. La tensión entre el poder de imperio para expedir y reformar leyes cuando y como le place a la autoridad ha dejado en letra muerta el derecho de las personas a coexistir bajo un marco normativo claro y confiable, con lo cual ha desaparecido la primera y más alta finalidad que justifica la existencia del Estado y la razón primera de cualquier pacto social.
En el origen de este fenómeno está la supervivencia del ‘establishment’, que lucra parasitariamente de la extralimitación normativa -crea dificultades para traficar soluciones-, pero también buena parte de la sociedad habituada a pedir una norma para todo, que propicia la égida del tutor público como si fuera un menor incapaz, que renuncia al esfuerzo a cambio de protección estatal, que lloriquea ante el vacío normativo en lugar de conquistar el horizonte virgen. Luego nos preguntamos por qué en Ecuador se concretan apenas una fracción de las inversiones que prefieren a Perú o Colombia como destino.
Urge una moratoria legislativa y una labor de limpieza de miles de normas infraconstitucionales que entorpecen la dinámica social sin añadir ningún beneficio que compense el costo de las oportunidades perdidas.
