Bernardo Tobar: Prioridades

Daniel Noboa tendrá algo más de un año para concretar dos o tres prioridades. Si lo hace, evitará un desencanto que podría precipitar el retorno indefinido de las mafias. Para lograrlo no solo necesita ministros competentes, sino también cambios a nivel operativo. De lo contrario, los planes se quedarán en discursos ignorados por los mandos medios, donde nadan como pez en el agua funcionarios reclutados y adoctrinados durante una década de maltratar la iniciativa privada.

Este fue uno de los mayores errores del gobierno saliente, dejar que naufragase la atracción de inversiones por el lado de la ejecución. De poco sirven convenios de inversión y acuerdos comerciales si los proyectos dependen de licencias ambientales deliberadamente atoradas en el limbo burocrático, y de un absurdo y cuasi-colonial sistema de permisos previos y autorizaciones oficiales que llegan tarde, mal y nunca. El Ecuador se ubica en el tercio peor calificado entre 180 países por facilidad de hacer negocios, según el Banco Mundial, y buena parte del marco regulatorio que provoca esta medición vergonzosa se podría componer por decreto. No se puede perder más tiempo concretando flujos de inversión, de los que depende la generación de empleo y la estabilidad del sistema monetario.

Otra prioridad es la seguridad. Aparte de las medidas que sabrán los expertos en la materia, hay fondos de organismos internacionales que pudieron haberse utilizado para la construcción de cárceles de máxima seguridad. Y también está en manos del Ejecutivo el control del sistema penitenciario y, sin embargo, nadie se hace responsable de que las cárceles se hayan convertido en centros logísticos de operación criminal, donde los capos disponen de comunicaciones, armas y hasta criaderos de ganado si se les antoja. Y hacen falta reformas a la Constitución y a varias leyes, que deberían incluirse en el referéndum anunciado. Debe modificarse el rol de las Fuerzas Armadas, el concepto de uso progresivo de la fuerza -que tal como está formulado impide a la fuerza pública actuar preventivamente sin exponerse a la persecución judicial-, y el de la legítima defensa, que debe presumirse cuando las personas defienden sus hogares, comercios o propiedades, pues la norma del COIP exige la prueba de condiciones que solo en casos extremos podrían configurarse, y mucho menos probarse, dejando la figura sin utilidad práctica.