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Bernardo Tobar: El Estado de Quito

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La nacionalidad quitense se perfiló en la revolución del 10 de agosto de 1809

1830 se tiene por el año de nacimiento del Ecuador, tras la disolución de la Gran Colombia. Pero la nacionalidad quitense, como la denominó el historiador Jorge Salvador Lara, se perfiló ya en la revolución del 10 de agosto de 1809, y a pesar de la masacre a sus precursores el 2 de agosto del año siguiente, volvió por sus fueros en 1811 para reasumir la soberanía y darse el primer pacto de formación de este país a través de la Constitución del Estado de Quito en 1812. Aunque poderosos ejércitos enviados desde Lima y Bogotá devolvieron a la Corona, por segunda vez, un control cada vez más erosionado, la suerte, ahora lo sabemos, estaba echada: la revolución quiteña iniciada en 1809 había roto un dique histórico, permitiendo que los cauces libertarios empezaran a fluir incontenibles, hasta desembocar en la emancipación de 1822.

Las élites quiteñas cultivaron y propagaron los ideales de la revolución, organizaron y comandaron a las fuerzas vivas -en espontánea colaboración sin distingo de clases-, y se pusieron al frente de la línea de fuego, convertidos en los primeros soldados. Y lo pagaron con su vida al poco tiempo. Es un símbolo de cohesión social, de valores libertarios, liderazgo y heroísmo, de “Luz de América”, como calificaron los chilenos a Quito.

Y fue también la manifestación de un proyecto original, según lo confirma la referida Constitución de 1812, en contraste con la carta de 1830 y las siguientes, de artificiosa inspiración francesa. Descabezadas sus élites, consumada la emancipación con apoyo militar venezolano, bajo la influencia de Flores, su primer presidente, y la estela de Bolívar, admirador del proceso francés, Ecuador carecía de líderes y momento para darse una constitución a medida. A diferencia del absolutismo popular de Russeau -nueva cara del mismo totalitarismo de los Borbones-, el antiguo derecho español, bajo los Austrias, ya había sentado las bases de la igualdad ante la ley, que limita la autoridad a preservar las libertades. De estas fuentes castellanas, de la doctrina católica que busca un equilibrio entre la libertad individual y el bien común y de la dinámica institucional local -la realidad geográfica del Ecuador marcaba ya formas de autonomía desconocidas para el gobierno centralizado de países vecinos- se alimentó la Constitución de Quito, efímera en su vida formal, pero auténtica expresión de nuestra identidad política.