Simplificación

Con la consigna de meter al Estado hasta en las sábanas del buen vivir, la dictadura del siglo XXI fue prolífica en generar leyes que son a la libertad lo que la variante delta de Covid a la función respiratoria. Son leyes para un Estado omnipresente, que no solo se contenta con regular cuanta iniciativa se atraviese en el camino de su expansión parasitaria, sino que, al mejor estilo de planificación centralista, junto a la función propiamente normativa de mandar, prohibir o permitir, crea un complejo sistema de sujetos, principios, requisitos, autorizaciones, amén de la consabida autoridad de regulación y control, a la que dota, quebrantando la Constitución, de atribuciones normativas y reglamentarias.

Así proliferaron durante la larga pesadilla socialista infinidad de procesos administrativos y permisos previos que supeditan la vigencia efectiva de las libertades y derechos al beneplácito del funcionario de turno. Para ser objetivos hay que decir que esta cultura de reverencias y sometimientos a caprichos y humores de los representantes del poder político y su parafernalia de edictos lacrados, si bien alcanza su expresión más delirante en el bodrio de Montecristi y sus engendros legislativos, tiene siglos de arraigo, mezcla de formulismos coloniales con la servidumbre del individuo al jefe de la tribu, del reino ancestral, del imperio Inca.

Está claro que es más fácil llegar a acuerdos con una piedra que persuadir a la Asamblea de apoyar leyes que promuevan la inversión, que dinamicen el mercado laboral, que devuelvan, en suma, libertades usurpadas por la ola autoritaria que arrasó a Ecuador. Pero con cambios reglamentarios, y sobre todo alineando a los responsables de aplicar las normas, el gobierno actual podría simplificar procesos, acortar tiempos y remover obstáculos que en la vida diaria del ciudadano pesan más que leyes pomposas. No es admisible que lograr una licencia ambiental, concretar una alianza público-privada o conseguir autorizaciones previas para proyectos de desarrollo y construcción, tome más tiempo que desarrollar y poner en el mercado la vacuna contra el Covid.

Y así como hay innumerables organismos de control encargados de vigilar que el ciudadano no se desvíe un milímetro de la ley en sus relaciones con el Estado, debería haber uno que vigile y actúe contundentemente frente a la indolencia burocrática.