Bernardo Tobar | Vasallaje

Durante las monarquías medioevales y hasta el surgimiento de la república, los derechos de uso de la tierra -o incluso de propiedad, en los lugares en que se reconocía nominalmente tal estatuto-, estaban limitados y condicionados a la autoridad y prerrogativas del rey, quien otorgaba concesiones a los vasallos a cambio de servicios a la corona, especialmente de naturaleza militar. Ese régimen feudal de propiedad no desapareció del todo en el Ecuador republicano y más bien cobró renovada vigencia en la Constitución de 2008 y las leyes que le siguieron.

No habrá en los papeles un monarca con poderes ilimitados y vitalicios -aunque mucho se le parecía en los hechos el régimen que tuvimos hasta hace pocos años-, pero hay funcionarios, tanto más arbitrarios cuanto más abajo están en la cadena de mando. Funcionarios en muchos casos con menos legitimidad que los reyes de antaño, si consideramos que los alcaldes y concejales ganan elecciones con porcentajes minoritarios de la votación, gracias a la profusión de candidatos y a la dispersión del voto. Y si antes el reino exigía servicios militares bajo la bandera de la seguridad frente al enemigo, hoy exige el cumplimiento de una función social, bajo la bandera del igualitarismo y buen vivir, así como de la ofrenda ambiental a la nueva deidad del siglo, la naturaleza. Banderas, etiquetas y jerarquías aparte, el régimen de propiedad actual participa en grado alarmante de los mismos elementos del sistema feudal: un derecho condicionado al cumplimiento de ciertos servicios o funciones de interés estatal.

Concretamente, un derecho expuesto a expropiación, un derecho cuyo contenido o valor los funcionarios pueden cambiar de un plumazo -le llaman ordenanza-, estableciendo zonas y usos, áreas mínimas de lotes, áreas máximas de construcción, dando o negando beneplácito a la partición dispuesta por el dueño de la tierra, sujetando las divisiones a la ofrenda mínima del 15 % del área útil para la naturaleza. Si añadimos la exacción que grava inmuebles, su transferencia entre vivos o transmisión hereditaria, estamos frente a un sistema feudal en toda regla, que nutre la expansión parasitaria de la autoridad a costa de la libertad y el bolsillo del súbdito. A esto hemos llegado, sobre todo, porque el súbdito aporta a la cultura del vasallaje con su sumisión silenciosa al interminable y absurdo permiso oficial.