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Cuenta regresiva

Avatar del Bernardo Tobar

La sociedad civil ha bajado la guardia y ha presenciado pasiva, temerosa y hasta indolente, la destrucción progresiva de nuestra historia y valores.

Desde hace tiempo he sostenido en esta misma columna que el Ecuador es apenas una caricatura de república, un estado que existe en el papel, pero no en los hechos, una parodia que mantenemos vigente cada vez que participamos en elecciones o pagamos tributos, como si fueran entradas de una obra de teatro. Acabada la puesta en escena salimos a la calle, a ese territorio sin ley ni instituciones, donde reina el terror. Los asedios criminales de octubre de 2019 y junio de 2021 pusieron en evidencia esta anomia, y la prueba definitiva de la extinción del Estado de derecho la puso el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, la voz más conspicua contra la izquierda socialista, su corrupción y sus conexiones con las mafias.

La Constitución que rige desde el 2008, caballo de Troya que abrió las puertas para que el crimen organizado penetrara en el territorio, también proclamó el fin del Estado de derecho, que desde entonces se conducía como un enfermo terminal. Es imperativo extirparla, pues no es posible reconstruir la república sobre los mismos fundamentos jurídicos que la condujeron al abismo.

Pero no todo es culpa de las mafias y los políticos. La sociedad civil ha bajado la guardia y ha presenciado pasiva, temerosa y hasta indolente, la destrucción progresiva de nuestra historia y valores. El Estado no es más que una carcasa vaciada de contenido y autoridad; las instituciones son inútiles; las mafias han logrado enquistarse en los intersticios del poder. No es dependiendo de este marco político que la nación podrá reconstruirse.

Aunque el Ecuador se libre en estas elecciones de una vuelta definitiva al infierno socialista, en año y medio sobrevolarán otra vez sobre las urnas los buitres del totalitarismo. No hay forma de romper este círculo vicioso dejándolo en manos de los actores políticos, víctimas también de las tramposas reglas de Montecristi. La sociedad civil necesita autoconvocarse con urgencia y construir un auténtico pacto social para recuperar la paz, el Estado de derecho y la democracia. No necesitamos 400 artículos con retórica ampulosa, cebo de anzuelo vestido de promesas, sino consensos mínimos, concretos y contundentes, que reflejen el sentir de las familias y no las imposiciones de colectivos, de grupos corporativos de presión, ni mucho menos de algún mediocre o desquiciado con ínfulas de redentor de la patria.