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El Leviatán y sus parásitos

Avatar del Bernardo Tobar

El gobierno actual hizo de la atracción de inversiones su prioridad y firmó varios convenios, pero pocos llegarán a materializarse...

Hace 8 años se promulgó la llamada ley APP, que prometía estimular la inversión privada en proyectos públicos. Se han concretado muy pocos bajo esa modalidad, impracticable debido a la maraña de trámites que supone. El gobierno actual hizo de la atracción de inversiones su prioridad y firmó varios convenios, pero pocos llegarán a materializarse, pues las inversiones no llegan con convenios, sino luego de los permisos previos, consultas comunitarias, licencias ambientales y un rosario adicional de hitos burocráticos difíciles de franquear. Otro tanto sucede con los proyectos inmobiliarios, que tardan años en remontar la miríada de formularios, informes, registros, aprobaciones y toda suerte de piedras en el camino sembradas por los órganos municipales, con Quito a la cabeza del mal ejemplo.

Lo dicho respecto de grandes iniciativas sucede también en las interacciones del ciudadano de a pie con el poder público, y con más perjuicio personal, pues el común de los mortales no dispone de un ejército de oficinistas para cumplir con el papeleo y la gestión interminables que resultan de la omnipresencia estatal. Muchos emprendimientos no pasan del tintero cuando los jóvenes se percatan de que una parte significativa de su tiempo, energía y del dinero que no tienen, tendrán que ser destinados a cumplir controles y requerimientos absurdos. Esto limita la competitividad del Ecuador mientras propicia la corrupción: inventar dificultades para tarifar facilidades.

Muchos gobiernos, de distinto signo, han intentado encarar el problema. Para ello se expidió hace décadas la Ley de Modernización. Nada cambió. Luego han existido aisladas normas de simplificación, todas inútiles. La ley dice una cosa, la realidad es otra. Los discursos de la autoridad de turno, que usualmente capitula frente al peso de un aparato de asfixia ciudadana enquistado en todos los intersticios del sector público, es contradicha en los hechos por los operadores burocráticos, que no son ministros, ni siquiera subsecretarios, pero son los verdaderos encargados de accionar las puertas ocultas, las paredes de doble fondo, los techos falsos y todos los demás bártulos del laberinto normativo que culmina en el beneplácito oficial, sin el cual el correspondiente derecho de libertad vale poco. Y estos laberintos se multiplican a diario, como tentáculos en expansión parasitaria de un Leviatán insaciable.