Primer pacto social

Ecuador existe como república, al menos en los papeles, por la fuerza de los hechos consumados, pues jamás hubo un acuerdo nacional auténtico y duradero sobre los principios fundamentales de convivencia y los límites del poder estatal. Lo evidencian 21 cartas políticas en dos siglos, cada una imaginando una identidad nacional o un proyecto común desconectado de la realidad, pero cortado a la medida de los caudillos que las mandaron a redactar. Formalmente cierto que varios de estos instrumentos se ratificaron en un referéndum, pero en sustancia operó el gato por liebre.

Tanto cambio e inestabilidad de constituciones y autoridades proviene, al menos en parte, de la maniática ficción de una identidad, de un mito colectivo, en palabras de Harari, que en nada refleja la heterogeneidad de comunidades y regiones con sus visiones e intereses. Las sociedades se rompen por sus costuras cuando se fundan en la pretensión de vestir a todos con el mismo traje cívico. Bolívar, admirador de Napoleón, ensayó con la de Cúcuta una constitución con vuelos imperiales y poderes vitalicios para sí mismo, como preámbulo de las nacientes repúblicas; la Constitución Garciana nos quería a todos católicos; 150 años más tarde se repite la receta, pues el bodrio de Ciudad Alfaro impuso a todos, como a obedientes monaguillos, el mandamiento del buen vivir colectivista, doctrina tan dogmática como cualquier religión, con su credo y sus deidades.

¿Cómo luciría un pacto social genuino? Para empezar, mínimo, pues no hay posibilidad de consensos más allá de ciertas reglas básicas de convivencia: tu no te metes en mi espacio, yo no me meto en el tuyo. Nada de hombres nuevos y redimidos, ya sea por la gracia de Dios, el materialismo histórico o el sumak kawsay. No tendría privilegios, como los que ostentan los pueblos indígenas. Y la estructura institucional sería más bien simple: los ecuatorianos están hasta los huevos de pascua de sufragar el peso de un Estado hipertrofiado, parasitario, inerme ante la inseguridad, donde afloran como hongos los consejos, comités, secretarías y entidades sin otra función que controlar a quienes sí trabajan, amén de empresas públicas quebradas y corruptas. Que no se diga que semejante pacto social resultaría en un sálvese quien pueda, pues esto ya lo padecemos desde que la estafa cívica de Montecristi eliminó el Estado de Derecho.