La tara del permiso previo
La inveterada manía regulatoria, agravada por ese enfoque policial que ha caracterizado por largo tiempo a la administración pública, ha conducido a un laberinto de trámites...’.
La atracción de inversión debe ser una prioridad nacional, empujada por todos los sectores comprometidos con un país con empleo de calidad, próspero y libre. Y el actual gobierno está dando pasos positivos en esa dirección, mediante la promoción de tratados de comercio, la reinserción en los mercados de capital, la gestión austera de las finanzas públicas, la firma de convenios de inversión y la apertura a la iniciativa privada de sectores antes gestionados por el Estado y sus empresas con mucha corrupción y escandalosa ineficiencia. Basta ver la caída de las cifras de producción de hidrocarburos desde que la revolución ciudadana, bajo la muletilla de la dignidad y la soberanía, nacionalizó la operación petrolera y degradó a los operadores privados a prestadores de servicios.
Pero la inversión está lejos de materializarse al ritmo que podría o en la dimensión de las oportunidades potenciales debido a la inacción o, incluso, resistencia deliberada de los operadores burocráticos, responsables de la ejecución. La inveterada manía regulatoria, agravada por ese enfoque policial que ha caracterizado por largo tiempo a la administración pública, ha conducido a un laberinto de trámites, permisos previos y requerimientos absurdos, en muchos casos contradictorios, inevitable efecto de la promiscuidad normativa, que superpone, cambia y multiplica sin pausa las reglas de juego.
Avanzar un proyecto, en estas condiciones, sea modesto o de miles de millones de inversión, puede tardar varios años hasta que se pueda colocar la primera piedra, luego de negociar contratos, llenar innumerables formularios, lograr decisiones de comités interinstitucionales, informes, actos previos, al ritmo del funcionario de turno. El responsable de emitir una licencia parece tener todo el tiempo del mundo; el Ecuador perdió ese lujo hace rato.
Es cierto que este enredo burocrático no lo creó la actual administración, y también lo es que la Asamblea Nacional no se ocupa de otra cosa que de boicotear a Carondelet, incluyendo sus iniciativas de mejora legal. Pero no es menos cierto que el Ejecutivo tiene el poder para resolver gran parte del laberinto para destrabar la inversión mediante reformas reglamentarias, así como para hacer que los operadores burocráticos de quienes depende la ejecución y avance de los procesos, empiecen a remar en la misma dirección.
