El torpe código de ingenios
Desde la promulgación de esta torpe ley en 2016 varias empresas optaron por no escribir una sola línea más de código binario en Ecuador...’.
Ecuador tuvo entre 1998 y 2016 una Ley de Propiedad Intelectual que fue reconocida por su vanguardia en materia sustantiva, y por la fortaleza institucional y procesal que estableció para su defensa efectiva. Esa ley inspiró para varias iniciativas de modernización en la región y colocó al país en la ruta, no aprovechada, de crecer en industrias de alto valor agregado, pues la adecuada protección de la propiedad intelectual es una condición ‘sine qua non’ para la atracción de inversiones en una era dominada por la información y el conocimiento.
Pero la revolución ciudadana no podía dejar de clavarle el aguijón confiscatorio también al fruto del ingenio humano. Quizás consciente de las puertas que cerraría en mercados de capitales y relaciones comerciales, dejaron el denominado Código Ingenios para las postrimerías de la pesadilla socialista. Una de sus normas rectoras establece que la propiedad intelectual es una “excepción al dominio público”, pues en el guion estatista la materia intelectual no debe beneficiarle, por norma general, a su creador, a quien el Estado, omnipresente dueño y señor hasta del pensamiento, graciosamente le otorga una suerte de concesión excepcional, plagada de limitaciones y letra chiquita. En esta lógica -contraria a la propia Constitución y a los convenios de derechos humanos-, el derecho intelectual debe sopesarse frente a otros derechos, a los que termina subordinado: derechos laborales, derechos colectivos o cualquier otro derecho que al juez de turno se le antoje superior como resultado de esa incierta, especulativa e ideologizada figura de la ponderación.
Desde la promulgación de esta torpe ley en 2016 varias empresas optaron por no escribir una sola línea más de código binario en Ecuador, titulares de derechos intelectuales fueron despojados de casi de toda posibilidad práctica de defenderlos, se perdió una oportunidad de convertir al país en un polo de innovación, y los piratas encontraron una justificación perfecta para pasarse por el forro legal el respeto a la propiedad intelectual, supeditada al buen vivir colectivista.
Si la atracción de inversiones y la generación de empleo son una prioridad del Gobierno actual, debería serlo con igual énfasis la derogación del Código Ingenios y el restablecimiento de una ley concebida para los titulares de derechos y no para los usurpadores.
