Carlos Alberto Reyes: Pagar o no pagar, esa no es la cuestión

El reciente debate en Ecuador sobre la posibilidad de declarar ilegítima la deuda externa contraída con el FMI ha encendido las alarmas en el ámbito financiero internacional. Este debate, promovido por ciertos sectores políticos, cuestiona la legitimidad de los acuerdos firmados con el FMI y sugiere que el país debería abstenerse de pagar la deuda o recibir desembolsos adicionales. Aunque esta propuesta ha sido presentada por la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, su validez jurídica es limitada, ya que la Corte Constitucional dictaminó en 2019 que estos acuerdos no pueden ser impugnados.

No obstante, el solo hecho de discutir la posibilidad de no pagar la deuda tiene serias implicaciones para la economía del país. Los mercados internacionales comienzan nuevamente a percibir a Ecuador como un deudor poco confiable, lo que eleva el riesgo país y, consecuentemente, aumenta los costos de financiamiento. Esto se traduce en tasas de interés más altas para futuros préstamos y una menor disposición de los inversores a colocar su capital en el país.

El presidente Noboa al asumir el cargo se enfrentó a una situación fiscal crítica, con un déficit de más de 6.000 millones de dólares heredado del gobierno anterior. La falta de recursos para cubrir el presupuesto general del Estado obligó a su administración a recurrir al FMI para obtener un crédito de 4.000 millones de dólares, que se desembolsará en partes hasta 2028. Este crédito es vital no solo por el dinero que provee, sino porque abre la puerta a futuros préstamos de otros organismos multilaterales, como el Banco Mundial, que ya han ofrecido financiamiento adicional.

Las condiciones impuestas por el FMI, aunque duras, son necesarias para estabilizar la economía del país. Estas incluyen el control del gasto público, el incremento de impuestos, la focalización de subsidios y la sustitución de contribuciones temporales por impuestos permanentes. Además, se ha instado a aumentar la producción petrolera, una de las principales fuentes de ingresos del país. Estas medidas son esenciales para poner en orden las finanzas nacionales y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo.

Sin embargo, la propuesta de la Asamblea Nacional contaría con los votos a favor de la Revolución Ciudadana y Pachakutik, quienes afirman que el acuerdo con el FMI compromete la soberanía del Estado y los derechos de los ciudadanos. De ser aprobada esta propuesta en el pleno de la Asamblea, Ecuador podría enfrentarse a un aislamiento financiero similar al experimentado durante los años del correísmo, cuando el país estuvo marcado por la desconfianza de los mercados internacionales y debió recurrir a financiamiento a tasas de interés extremadamente altas.

Es crucial que Ecuador mantenga su credibilidad como un pagador confiable. No cumplir con los compromisos adquiridos no solo deterioraría la imagen del país, sino que también cerraría las puertas a futuras oportunidades de financiamiento en condiciones favorables. En un contexto global donde la economía es cada vez más interdependiente, el aislamiento financiero no es una opción viable para un país que necesita inversión y acceso a mercados internacionales para crecer y desarrollarse.