Carlos Reyes | La tormenta del ITT: error de consecuencias irreparables
Mientras se decide dejar el petróleo en el subsuelo, se mantiene un sistema de subsidios que fomenta el consumo interno
La decisión de cerrar el campo petrolero ITT, impulsada por una consulta popular el año pasado, ha desatado una tormenta de críticas y cuestionamientos sobre la racionalidad y las implicaciones de tal medida. En un escenario económico que ya presenta desafíos significativos, el cierre del ITT podría ser un golpe devastador para la economía ecuatoriana.
El referéndum que condujo a esta decisión se llevó a cabo en un momento particularmente inoportuno, en medio de una crisis económica y social. La consulta, a juicio de muchos, estuvo mal planteada y no consideró adecuadamente las complejidades y consecuencias de cerrar un campo petrolero de tal magnitud. El voto nefasto del SÍ ganó con el 56 %, lo que refleja una decisión polarizada y totalmente desinformada, influenciada más por emociones y narrativas populistas que por un análisis riguroso de los beneficios y costos asociados.
El ITT representa una fuente significativa de ingresos para el país, con una producción que genera aproximadamente 1.300 millones de dólares anuales. Este monto es equivalente a lo que se recaudaría con un aumento de tres puntos en el IVA, lo que pone en perspectiva la magnitud de la pérdida. A corto plazo, el cierre implicará un gasto de 2.700 millones de dólares en la liquidación y desmontaje de las instalaciones, recursos que serán literalmente: tirados a la basura.
A largo plazo, la no explotación del ITT se traduce en una pérdida estimada de 13.000 millones de dólares. Este hueco en el presupuesto nacional dificultará la sostenibilidad de las cuentas públicas y aumentará el déficit fiscal, comprometiendo así la estabilidad macroeconómica del país. Las repercusiones serán sentidas en diversos sectores, complicando el pago de la deuda pública, provocando retrasos en los pagos a gobiernos autónomos y proveedores del Estado y, en general, erosionando la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones financieras.
Se debería exigir que aquellos que votaron por el cierre del ITT hagan una ‘contribución obligatoria voluntaria’, tal como les encanta a los gobiernos populistas, para que así puedan financiar el costo de su propia estupidez.
No se puede dejar de notar la ironía y controversia que implica la contradicción en las políticas públicas relacionadas con los combustibles. Mientras se decide dejar el petróleo en el subsuelo para proteger la naturaleza, se mantiene un sistema de subsidios que fomenta el consumo interno y el contrabando hacia países vecinos. Este subsidio no solo afecta negativamente las finanzas públicas, sino que también incentiva prácticas ilegales y el enriquecimiento de mafias.
Cerrar el ITT podría convertirse en un error histórico para Ecuador, con consecuencias que repercutirán durante décadas. La medida no solo implica un golpe financiero inmediato, sino que compromete el desarrollo económico futuro del país. La racionalidad y el sentido común deberían prevalecer en las decisiones de política pública, especialmente en tiempos de crisis. Es imperativo que el Gobierno explore todas las opciones posibles para mitigar el impacto de esta decisión y asegurar un futuro más estable y próspero para todos los ecuatorianos.
