Carlos Alberto Reyes Salvador | El país se sume en la oscuridad
El Estado debe limitarse a un rol regulador, asegurando que la competencia sea justa
La crisis energética que atravesamos expone el fracaso del modelo estatista en la administración de los servicios públicos. La ineficiencia, la corrupción y la falta de previsión revelan las limitaciones de un esquema en el que el Estado asume el control total, distorsionando el mercado y limitando las oportunidades de innovación y eficiencia que ofrece la libre competencia.
Desde sus bases, el Estado es un pésimo administrador. En lugar de garantizar eficiencia y sostenibilidad, ha demostrado ser un mal ejecutor, cargado de burocracia y con escaso incentivo para ofrecer un servicio de calidad. La intervención estatal, lejos de solucionar problemas, termina complicándolos: distorsiona la oferta de servicios y obstaculiza la participación de actores privados, cuyo objetivo es la rentabilidad basada en la satisfacción del usuario.
El concepto de “sectores estratégicos”, incluido en la Constitución de Montecristi, sirvió como excusa para centralizar y monopolizar servicios como la electricidad, telecomunicaciones y recursos naturales bajo el control estatal. Esta concentración ha dado lugar a inversiones desproporcionadas en proyectos hidroeléctricos faraónicos con sobreprecios y poca planificación, convirtiéndose en un foco de corrupción.
En lugar de diversificar la generación de energía, se descuidó el mantenimiento de las centrales termoeléctricas, que hoy podrían mitigar la crisis actual. El Estado priorizó inversiones insostenibles en vez de fomentar fuentes alternativas o crear un entorno competitivo que estimule la innovación y mejora continua.
Es fundamental adoptar principios de libre mercado en la provisión de servicios estratégicos. La experiencia internacional muestra que los modelos de participación privada, aunque no perfectos, son más eficientes. La libre competencia impulsa a los proveedores a mejorar su oferta, ya que su supervivencia depende de satisfacer al consumidor y ofrecer servicios de calidad al mejor precio.
El intervencionismo estatal, por el contrario, impone un único proveedor, generalmente ineficiente, dejando al usuario sin alternativas. En un mercado libre, los consumidores tienen la posibilidad de elegir el mejor servicio, lo que a su vez incentiva a las empresas a innovar y optimizar sus procesos.
La reciente gestión de los cortes de luz es un reflejo claro de la ineficiencia estatal. Las decisiones arbitrarias, los anuncios contradictorios y la falta de planificación agravan la situación. Las autoridades han prometido disminuir los cortes, solo para luego duplicarlos sin explicaciones claras. En un último gesto desconectado de la realidad, se ha anunciado un día adicional de descanso durante el puente de noviembre, una decisión que afecta al ya golpeado sector productivo del país.
Este tipo de improvisaciones no solo revela una falta de visión estratégica, sino también una desconexión con las necesidades de los ciudadanos y del sector empresarial.
El Estado debe limitarse a un rol regulador, asegurando que la competencia sea justa y que los derechos de los consumidores estén protegidos. De esta manera, se logrará crear un entorno donde tanto las empresas como los ciudadanos puedan prosperar.
Ecuador necesita urgentemente un cambio de paradigma. La oscuridad en la que hoy nos encontramos no es solo el resultado de fallas técnicas, sino de un modelo obsoleto que ahoga el desarrollo.
