Carlos Alberto Reyes: ¿En qué pensábamos?
Quizás la consulta debió incluir preguntas subsecuentes: “si usted votó afirmativamente, ¿quién cree que debería asumir las pérdidas generadas?
El pueblo ha decidido. Luego de las “elecciones sangrientas” (artículo del mes pasado) en las que llegan a la recta final la candidata correísta, como era de esperarse, junto con la sorpresa del momento, el llamado ‘rock star’ de la política ecuatoriana que nadie vio venir, Daniel Noboa, caemos en cuenta de que el pueblo ha decidido “SÍ”, en una consulta popular que sienta un precedente peligroso.
Resulta irónico, absurdo, incoherente este resultado.
Es fácil suponer que aquellos mismos que lucharon en las calles por los subsidios a los combustibles, abogaron y votaron por el SÍ. Aquellos que exigen mayor gasto del Estado en salud, votaron por el SÍ. Los mismos que, con justicia, reclaman mejor educación, votaron por el SÍ. Los que demandan mayor inversión en seguridad, votaron por el SÍ. Los mismos que se quejan del incremento de los impuestos, votaron por el SÍ.
Con el resultado de esta consulta ha perdido el país, ha perdido la economía, hemos perdido todos.
Una consulta en la que el país entero se pronunció a favor de la tesis ridícula de el “SÍ” a la no explotación petrolera, a fin de salvaguardar el medio ambiente, las poblaciones aledañas, la explotación laboral y otras tantas incoherencias esgrimidas.
Tan solo dos provincias se pronunciaron en contra de esta tesis, Sucumbíos y Orellana, las cuales concentran la mayor parte de la actividad petrolera y cuya economía local se soporta en dicha actividad.
Al cerrar las actividades de explotación petrolera, se estima que el 65 % de las actividades de las empresas de transporte, servicios hoteleros, el comercio en general, que dependen directa e indirectamente de la actividad extractiva, se verá en riesgo, lo cual devendrá en un desempleo masivo.
Los mismos gobiernos seccionales verán afectados sus ingresos.
Los impactos macroeconómicos ya los hemos revisado en artículos anteriores, disminución de ingresos al Estado por el orden de los 1.200 millones de dólares anuales, 50.000 empleos directos e indirectos afectados, un costo de cerrar las instalaciones que bordearía los 500 millones de dólares, costo en el que se incurriría para desmontar una infraestructura en la que se invirtieron 1.900 millones de dólares.
Aquellos que votaron por el “SÍ” probablemente pensaban que en Ecuador el dinero sobra, que es cuestión de pedir y nada más, que las necesidades generan derechos que el Estado debe cubrir sin importar de dónde sale el dinero para pagarlas.
Quizás la consulta debió incluir preguntas subsecuentes condicionadas: “si usted votó afirmativamente, ¿quién cree que debería asumir las pérdidas generadas? ¿Qué partida presupuestaria se debería afectar para cubrir tamaña irresponsabilidad? ¿Está dispuesto a pagar con sus impuestos los recursos que el país dejará de percibir?”
Quizás no terminan de entender que el Estado es un mero administrador (pésimo administrador) de los recursos de todos los ecuatorianos. Que el dinero que se obtiene de la explotación petrolera es de todos los ecuatorianos, que sin ese dinero el Gobierno debe, o subir impuestos o disminuir gastos en salud, seguridad, educación e infraestructura.
Una lástima haber puesto en manos de tantos una decisión tan compleja.
