Política de Estado

Podemos no estar de acuerdo con el gobierno de turno, con el manejo de la cosa pública, con los impuestos recesivos, con el pobre manejo del capital político para impulsar reformas desde la Asamblea, con la escasa capacidad comunicacional, con la tibia respuesta a los escándalos de corrupción, en fin. Este Gobierno ha dado mucho para criticar y ha sido tierra fértil para la oposición. Pero la inseguridad por la que atraviesa el país no puede ser endilgada a este Gobierno ni debe ser vista como plataforma de ataque por parte de la oposición.

El Ecuador ha pasado de ser un “remanso de paz” en medio de un continente caotizado en los años 80 a ser, en la actualidad, el país más violento de la región. La escalada de violencia es vertiginosa: sicariatos, masacres en las calles, secuestros, ‘vacunas’, masacres en las cárceles que se encuentran controladas y dirigidas por las bandas delictivas y que se han convertido en universidades del delito. Si ya el año pasado presentaba cifras preocupantes de muertes violentas, 25 por cada cien mil habitantes, las proyecciones para el 2023 son aterradoras, llegando a 34 por cada cien mil habitantes. Solo en lo que va del año se han dado 30 ataques calificados de terroristas.

Frente a esta situación, el Gobierno viene haciendo esfuerzos para enfrentar al crimen organizado. Quizás una de las decisiones más acertadas sería la reciente designación del general Paco Moncayo como consejero presidencial en asuntos de seguridad, así como la de Wagner Bravo como secretario de Seguridad. En el ámbito jurídico, el Gobierno busca realizar reformas legales que permitan a las Fuerzas Armadas colaborar activamente con la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, contra la trata de personas y el tráfico de armas. El Gobierno ha buscado también ayuda internacional a países como Estados Unidos e Israel a fin de acceder a tecnologías y estrategias que permitan una lucha más eficaz; y con Colombia, a fin de coordinar esfuerzos en la lucha frente a un enemigo común.

El reciente levantamiento de la prohibición de porte de armas no debe ser visto como una medida paliativa o disuasiva frente a la violencia, pero al menos restituye al ciudadano el legítimo derecho de defenderse de la delincuencia armada.

El último esfuerzo del Gobierno va de la mano de la declaratoria de “Terrorismo” a las actividades de los grupos delincuenciales que tienen al país en vilo. Aunque suene a poco, y poco se sostenga doctrinariamente, el efecto de esta declaratoria permite una lucha unificada y activa por parte de las Fuerzas Armadas del país.

Estos esfuerzos serán vanos si no se cuenta con el apoyo de todos los actores políticos del país. La seguridad debe ser una política de Estado que traspase las banderas partidistas, una política de Estado que nos congregue a todos a sumar esfuerzos por construir la paz. Se requiere un Ecuador unido, dispuesto a luchar contra un enemigo en común. Se requiere de una estrategia clara e integral que congregue a todos a trabajar coordinadamente por un mismo fin y en este sentido no debe perderse de vista que es la pobreza el motor de la violencia, por lo que no deben descuidarse los planes asistenciales, las áreas de educación y salud.