Carlos Andrés Vera | El monstruo, explicado: caso La Maná
Este problema no se resolverá hasta que los ciudadanos comprendamos su gravedad y magnitud
La Maná, en la provincia de Cotopaxi, es un cantón extremadamente rico en biodiversidad y recursos hídricos. Su población ha vivido tradicionalmente de la agricultura, el comercio y la ganadería. La economía local está estrechamente ligada a la salud de los ríos, suelos y bosques de la región. Hace décadas, la riqueza mineral de este cantón empezó a explotarse de forma artesanal, pero aproximadamente desde 2012, la minería ilegal se ha expandido ante un Estado cómplice o timorato.
En este caso, es la empresa embotelladora Acquador C.A. la que ha asumido la quijotesca tarea de denunciar a los operadores ilegales y exigir el retiro de las concesiones. Lo ha hecho desde 2016, a través de decenas de acciones ante absolutamente todas las instituciones locales y nacionales involucradas. Más de 48 informes de distintas entidades le dan la razón a Acquador y, sin embargo, nada sucede. O casi nada...
En julio de 2024, Acquador C.A. obtuvo una sentencia que ordenaba la suspensión de las actividades de los operadores ilegales. Sin embargo, unos meses después, como es común en estos casos, una sala de la Corte Provincial de Pichincha revocó la sentencia, procesando 900 fojas en solo dos días. La empresa llevó su reclamo a la Corte Constitucional, que tendrá el deber de ponerle fin a esta locura ambiental, social y judicial.
Mientras tanto, más de 18 pozos mineros abiertos, ninguno con la documentación requerida para operar, destruyen y contaminan miles de hectáreas a pasos agigantados. La economía y la vida de la gente se ven alteradas, pues se han vuelto más comunes las extorsiones, los secuestros y los sicariatos. Mandos medios en instituciones clave como ARCOM, MAE y MEM dilatan o, abiertamente, evitan cualquier acción que responda al principio más elemental: hacer respetar la ley, pues están aterrados o comprados.
El caso de La Maná es el mismo que el de Napo, Zamora, Tena, Orellana y tantas provincias más, que han sido invadidas por estas mafias y combatidas únicamente por ciudadanos, comunidades o empresas que hacen de quijotes en una batalla completamente desigual.
Este problema no se resolverá hasta que los ciudadanos comprendamos su gravedad y magnitud, y traslademos la responsabilidad a los políticos. Soluciones hay. Y de eso hablaremos en la próxima columna.