Carlos Andrés Vera: ¿Van a seguir negociando con delincuentes?
Si Estados Unidos ha señalado a Correa y Glas como corruptos es porque dispone de información suficiente
La pregunta es crucial y adquiere relevancia tras la declaración del Departamento de Estado de los Estados Unidos esta semana. En ella, EE.UU. señala directamente a Rafael Correa y Jorge Glas como beneficiarios de sobornos y responsables de diversos actos de corrupción. Por si las sanciones impuestas por la justicia ecuatoriana no fueran suficientes, esta vez las acusaciones provienen de un gobierno que no se maneja al vaivén de la política ecuatoriana. Estas acusaciones llegan además tras la sentencia a Carlos Pólit, condenado por los millones en sobornos que recibió de Odebrecht, y algo que es lógico: el excontralor no delinquía solo, sino con la plena complicidad del aparato político de entonces. Si Estados Unidos ha señalado a Correa y Glas como corruptos es porque dispone de información suficiente para otorgarles ese estatus e incluso para sancionar a sus familias.
Las reacciones del correísmo son previsibles: recurrirán al victimismo, buscarán excusas (que las elecciones, que Assange, que las encuestas) e inventarán los relatos que acostumbran. Lo importante será la respuesta del resto de la clase política ecuatoriana: ¿seguirán negociando con esos delincuentes? Bajo la excusa de la gobernabilidad, aprobación de leyes o cualquier otra justificación, ¿continuarán siendo funcionales a los intereses de esa mafia política?
En esto ya no hay medias tintas.
La pregunta es pertinente porque el actual gobierno se estrenó con la consigna de “ser pro y no anti” para justificar su negociación con el correísmo, cediéndole -entre otras cosas- la Comisión de Fiscalización en la Asamblea. Es pertinente porque Lasso inició su presidencia rompiendo su alianza con el PSC al retroceder en un acuerdo que buscaba la impunidad de Glas y Correa. Es pertinente porque los casos Metástasis y Purga demuestran que RC5 y el PSC han coqueteado para controlar los tribunales de justicia. Y la pregunta sigue siendo pertinente porque RC5 es un partido político vigente, cuya agenda incluye la impunidad y el regreso al poder de sus líderes, objetivos que hoy resultan imposibles sin algún tipo de negociación o acuerdo con otras organizaciones políticas.
A todos ustedes, miembros de la clase política ecuatoriana: ¿van a seguir negociando con delincuentes?
