Sin delito no hay responsabilidad política

Después de revisar la información pública disponible, es muy fácil concluir que el juicio político contra el presidente no tiene fundamento. Después de que la Corte Constitucional enmarcara el supuesto peculado por un contrato de Flopec (firmado en 2018), como la única causal por la que pudiera destituirse a Lasso, los asambleístas que hacen de acusadores e interpelantes tienen que demostrar no sólo que tal delito ha ocurrido, sino que ocurrió con algún grado de complicidad del presidente. Salvo que aparezca alguna prueba desconocida hasta ahora, no hay nada que sustente una acusación de ese calado.

¿Qué dicen los acusadores del presidente? Que Lasso ignoró una denuncia del ex gerente de Flopec, Johny Estupiñán, que advertía sobre un supuesto perjuicio al Estado. También acusan a Lasso de ignorar las recomendaciones de un informe de Contraloría respecto al mismo contrato. ¿Cuál es la verdad? Que la denuncia realizada por Estupiñán fue recibida y tramitada por el presidente por los canales correspondientes y se determinó que esas denuncias no tenían sustento. Y sobre el informe de Contraloría (que en ninguna parte sugirió terminar el contrato o señaló indicios de responsabilidad penal) hay que decir que hizo 13 recomendaciones que fueron cumplidas por el gobierno.

Entonces, si los hechos y documentos prueban que el presidente no ignoró las denuncias ni el informe de Contraloría, ¿cómo puede acusársele de peculado?

Si bien Lasso enfrentará un juicio político que al final del día no se decidirá por el valor de las pruebas de acusación y descargo sino por los votos que en su contra se puedan reunir, los asambleístas interpelantes tienen la obligación moral de demostrar que hubo peculado y este ocurrió gracias a algún grado de complicidad del presidente. Si no lo hacen, estamos ante un teatro de juicio y el claro intento de un golpe de Estado parlamentario donde la Asamblea derroca o influye ilegítimamente en otro poder del Estado.