El dilema del Yasuní
El problema es que ahora la sociedad está desinformada sobre este tema y las consecuencias de cualquiera que sea la decisión que se tome
En 2007, con el impulso de Alberto Acosta y un sector ambientalista del entonces Alianza PAIS, Rafael Correa fue el primer presidente del Ecuador en reconocer oficialmente a los pueblos ocultos que habitan el Parque Nacional Yasuní y sus alrededores.
Para ello, creó la Política Nacional de Pueblos en Aislamiento Voluntario, que blindaba al Yasuní de ampliar la frontera petrolera.
En 2013, echándole la culpa al mundo, violó completamente su propia política y solicitó autorización a una Asamblea bajo su control, para explotar el bloque 31 y el ITT.
Fue entonces que colectivos ambientales impulsaron una consulta ciudadana para que sea el país el que decida la explotación o no de esos bloques en el Yasuní.
La consulta fue boicoteada por el poder político, las organizaciones ambientales fueron asediadas por el Estado y el tema se zanjó como se zanjaron los temas por esos años: se impuso la voluntad del poder político a las patadas.
Diez años después, nos toca a todos pagar el precio de esos abusos.
No es lo mismo realizar una consulta antes de que se monte una operación petrolera, a realizar una consulta para detenerla una vez que esta ha sido montada.
De ganar el no en la consulta de agosto, el Estado se verá obligado a detener una operación que le genera unos mil millones al año. Pero además, deberá asumir los costos del desmontaje de la operación y seguramente el de varias demandas que le caigan encima por violar los contratos de explotación petrolera.
Cualquiera que sea el nuevo presidente, deberá sumarle bastante más de mil millones al nuevo déficit fiscal.
Una vez más, somos los ciudadanos quienes tenemos que resolver los errores de los políticos.
El problema es que ahora la sociedad está desinformada sobre este tema y las consecuencias de cualquiera que sea la decisión que se tome. Todo porque en su momento el poder político le negó a la ciudadanía un camino democrático para resolver este conflicto.
