Defensor ¿del pueblo?
Hay dos asuntos que comprometen mi convicción y mi experiencia: la lucha por los derechos de las mujeres y la defensa de la libre expresión como elemento para la deliberación democrática.
La historia que presentó La Posta sobre un episodio de violencia de género por parte del que hasta esta semana fue el defensor público, Freddy Carrión, contra su esposa, Priscila Schettini, es noticia para mí. Y lo es porque no se trata de un ciudadano común y corriente, sino de alguien que -aunque sea en papeles- representa a una institución encargada de velar por los derechos de los habitantes. Como actor del debate público, el señor Carrión conoce que sus actuaciones están sometidas al más riguroso escrutinio.
Luchar contra la violencia de género es un asunto que obliga la intervención del Estado. Este antecedente sobre el comportamiento violento del ex defensor del Pueblo con su propia esposa cobra relevancia cuando el país es testigo del proceso penal en el que está inmerso Carrión por abuso sexual. Hemos presenciado sus declaraciones, los alegatos de su esposa y los videos de las cámaras en donde se lo ve forcejear con la víctima. Hemos escuchado de su boca lo que recuerda haber bebido y comido, y su esposa se ha convertido por decisión propia en otra figura del debate público porque ella misma ha ido a un estrado público, a la Asamblea, a defenderlo. Pero cuando se analiza una denuncia presentada por ella en contra de su marido, se convierten -a conveniencia- en ciudadanos cuyo comportamiento no puede ser discutido públicamente. ¿Por qué?
Estoy convencida de que un ciudadano que tiene antecedentes de violencia de género y al que se le han formulado cargos por abuso sexual no debe ser defensor del Pueblo. No soy jueza y no me corresponde decidir sobre la libertad o la pena que deba cumplir el señor Carrión. Pero estoy consciente de mis derechos y uno de ellos es conocer quiénes son los funcionarios que toman decisiones sobre nuestra vida. Puedo modelar mi opinión y lo hago gracias a que existen medios de comunicación, cuyo trabajo debe ser respetado y protegido por la legislación.
