César Febres-Cordero: El dinero en las elecciones

Siempre se ha dicho que la política es un negocio sucio en el que unos pocos se sirven del dinero de muchos y actúan en nombre de las mayorías para beneficiarse a sí mismos. Una gran mentira, un latrocinio organizado bajo el amparo de la ley y con la protección de las fuerzas del orden. Aunque históricamente nuestro sistema político parezca bien retratado por esa visión pesimista, casi hasta infantil, de la cosa pública, no es ni de lejos la peor forma de ser gobernados. Ahora vemos cómo los negocios sucios de la política transmutan de forma terrible: el contrabando, la extracción ilegal y el tráfico de tierras de antaño hoy parecen nimiedades, y hasta el más grande de los viejos gánsteres provoca risa si se lo compara con cualquiera de los matones del narcotráfico.

En ese contexto, la reforma que el presidente Noboa plantea para eliminar el fondo de promoción electoral resulta inoportuna. Dejemos a un lado cómo ese proyecto lo beneficia a él y pensemos en el peligro mayor que representa ese cambio constitucional. Recordemos que desde Villavicencio hasta los correístas denunciaron presuntos involucramientos de la mafia en las campañas de Arauz y Lasso y en el posterior gobierno lassista. O miremos hacia lo local, a cantones como Manta y Durán, donde los narcos han sido socios de ciertos alcaldes o, creyéndose dueños del municipio, han atentado contra los que se les han opuesto o los han traicionado.

Es justo sentir frustración al ver a tantos políticos malgastar nuestra plata en campañas chimbadoras, más aún cuando se sabe que más de uno roba parte de ese dinero en contubernio con algunas radios del país; sin embargo, siempre será preferible que sea nuestra plata y no la del narco, ensangrentada, la que ensucie sus manos y engorde sus bolsillos. Si el presidente Noboa quiere hacer el bien por el país, mejor sería que le recuerde a sus fiscalizadores vasallos y a sus amigos en el CNE y el TCE que hay mucho por investigar y sancionar en el gasto electoral, y si quiere proponer una reforma, que sea una que le permita al Estado controlar el inmenso caudal que los políticos gastan en las redes sociales, sin que nadie los controle.