César Frebres-Cordero: Permiso para opinar, señor juez
La decisión del TCE debe ser obedecida porque es una autoridad legítima
El Ecuador, como muchas otras democracias, ha tipificado la violencia política de género en sus leyes. Otras la han integrado dentro de la definición de los delitos de odio o, demostrando su madurez política, han preferido prescindir de la constante legislación y judicialización, dejando la corrección y el castigo al escarnio público.
Aunque no deja de ser pertinente el discutir sobre lo que hace falta o lo que se ha hecho mal en el Ecuador para combatir la violencia política de género, es innegable que algo debe hacerse. Este sigue siendo un país en el que la vida sexual de los hombres es celebrada mientras que la de las mujeres es usada en su contra, y donde la efervescencia, frecuentemente catalogada como firmeza y facilidad de palabra en los hombres, es señalada como un rasgo de histeria o vulgaridad en las mujeres.
Es por esto que resulta indignante ver cómo el Tribunal Contencioso Electoral ha ratificado su decisión de retirarle los derechos de participación a la vicepresidenta Verónica Abad. Con en ello, el tribunal le ha dado la razón a la canciller Sommerfeld, quien acusó a Abad de denigrarla, quererle impedir el ejercicio de su cargo y encima buscar destituirla, entre varias cosas más, siendo todas y cada una parte de un burdo estiramiento conceptual: que la vicepresidenta, por criticarla y llamarla “subalterna”, ejerció violencia política de género contra ella.
¿Acaso pretende el tribunal que Abad, ante el hostigamiento de la Cancillería, no atacase de vuelta? ¿Les parece machista que una funcionaria le saque en cara a otra su propio rango jerárquico dentro del Gobierno? En el país en que los políticos se dicen sátrapas y empleados, y cosas mil veces peores, ¿hay algo que le haya dicho Abad que necesariamente corresponda al ámbito del género y no de la moral más genérica?
La decisión del TCE debe ser obedecida porque es una autoridad legítima, pero también puede y debe ser criticada por quienes, sin tener simpatía por Abad (que cometió el mismo abuso con sus propias denuncias) creemos que la violencia de género es un asunto serio y que las instituciones deben actuar con respeto a la ley y a su propia independencia.
