César Febres-Cordero | Los políticos le rezan a San José

Nuestra democracia está en juicio. Patricio Carrillo, exministro y uno de los candidatos a asambleístas más votados, y la mayoría del CPCCS, electos en una campaña en que competían contra el nulo, pueden quedarse sin cargos. El uno está inhabilitado por haber sido censurado y los otros enfrentados a la posibilidad de ser destituidos por irrespetar un dictamen de la Corte Constitucional. En ambos casos, aunque la ideología los separa, estas circunstancias los pueden llevar juntos a Costa Rica a suplicar las gracias del sistema interamericano. Lo jurídico para los juristas, pero como ciudadanos es nuestro derecho definir cómo debe ser la ley. Debemos preguntarnos si está bien que ciudadanos elegidos por el voto popular puedan quedarse sin sus mandatos por decisiones de la Asamblea o de la Corte.

Sobre Carrillo se dice que fue destituido de un cargo de designación, no de elección, y que ahora el voto lo ratifica. Quienes sostienen eso olvidan que la Asamblea es la representación del soberano, que como cuerpo colegiado recoge su diversidad. Sus decisiones son tan democráticas como el voto directo y su rol de contrapeso es necesario en un sistema presidencialista y nada transparente. Inhabilitar a un ciudadano por una decisión política y no penal permite la expulsión arbitraria de actores incómodos, robándoles a ellos el derecho de ser elegidos y a nosotros de elegir. Pero cuando esa restricción es de tan solo dos años no es un destierro, sino una forma de empoderar a los fiscalizadores frente al Ejecutivo.

En el caso del CPCCS el análisis es parecido, aun cuando pasa por una corte y no un órgano electo. Si la CC los destituye, equivocadamente o no, lo hará invocando otra decisión del ciudadano en las urnas: la consulta del 2018. Para deshacer los frutos del trujillato sin irrespetar la voluntad popular, el correísmo debería buscar una nueva constituyente para reorganizar al país (aunque eso desnude su inconsistencia).

Acudir a una instancia foránea, algo que el mismo Correa condenó en su momento o querer anular los efectos de los resultados del 2018 devaluaría la elección popular más que una eventual destitución de los consejeros.