Ana Palacio: El nuevo contrato social en China

La visión que tiene Europa de China ha evolucionado. Pasó de puro desconocimiento del país a la curiosidad por su historia y su cultura. Más tarde, el interés de los europeos se acrecentó con el auge económico de China, sobre todo tras su ingreso en 2001 a la OMC. Con el tiempo, Europa se volvió dependiente de la importación de productos chinos de bajo coste; mientras que el pujante mercado chino ejercía un claro atractivo, del que la industria automotriz alemana es buen ejemplo. En los últimos años, sin embargo, Bruselas ha mirado a China a través del prisma de la competencia estratégica. Europa la ha acusado de incurrir en prácticas comerciales desleales, argumentando que las empresas estatales o subvencionadas por el Estado cuentan con ventajas excesivas en sectores estratégicos. También ha alertado sobre el dominio chino de las cadenas de suministro y su control de minerales críticos. Y ha expresado preocupación por la creciente ambición geopolítica del Imperio del Medio. Durante décadas, el contrato social se ha basado en una ecuación simple: el Estado ofrecía crecimiento económico sostenido (con las oportunidades de prosperidad aparejadas), y el pueblo aceptaba límites a sus libertades civiles y políticas. Pero la economía china ha sufrido varios reveses en los últimos años. Al igual que en el resto del mundo, la pandemia de COVID-19 (y las drásticas cuarentenas impuestas por el gobierno) provocaron una acusada reducción del crecimiento económico. La economía china nunca se recuperó del todo: se han juntado una crisis inmobiliaria, una fuerte reducción de la inversión extranjera y una caída de la confianza de consumidores y empresas, en parte como resultado de políticas macroeconómicas y regulatorias ideológicas y fuera de toda previsión. Ante ello, el PCC está tomando medidas para acelerar la recuperación económica. El objetivo es impulsar una demanda interna ralentizada, si bien las exportaciones (sobre todo a Europa) seguirán siendo esenciales para mantener la economía a flote. Aunque China supere sus retos inmediatos, su economía ya está demasiado desarrollada como para seguir basando el contrato social en un crecimiento de dos dígitos. El compromiso actual del gobierno chino se orienta a garantizar el bienestar de los ciudadanos (mediante la protección del medioambiente) y fomentar la “prosperidad compartida” (reforzando, por ejemplo, el apoyo a los trabajadores rurales que migran a las ciudades).

El liderazgo medioambiental de China es una respuesta a las demandas de sus ciudadanos, cada vez más preocupados por los daños ambientales que conlleva un desarrollo acelerado. La población también espera que los líderes cumplan su promesa de seguridad económica. Desde que en 2021 Xi introdujo la idea de “prosperidad compartida”, la desigualdad en China (sobre todo entre regiones) ha aumentado. Esto explica, en parte, por qué tantos desean abandonar las -no tan prósperas- áreas rurales en busca de oportunidades en las dinámicas ciudades. En los próximos cinco años, se prevé una tasa de urbanización cercana al 70 %, por lo que apoyar el bienestar de los residentes urbanos será un desafío clave para el gobierno de Xi. El involucramiento con el país asiático sigue siendo crucial, pese al momento de creciente competencia y antagonismo entre China y Occidente que vivimos.