Maciej Kisilowski | La impunidad para los autoritarios aumenta la violencia política

El atentado contra el expresidente norteamericano Donald Trump fue el segundo intento de asesinato de un líder político populista este año. Hace apenas dos meses, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, resultó seriamente herido tras recibir cuatro disparos de corta distancia, lo que pone de manifiesto el peligro que plantea el resurgimiento de la violencia política en todo el mundo. Si bien estos intentos de asesinato han hecho que muchos liberales le bajaran el tono a su retórica, estas reacciones desestiman el punto central. La motivación detrás del actual incremento de la violencia política no es una crítica a los autoritarios sino, más bien la incapacidad por parte de democracias que aparentemente funcionan para abordar acusaciones de criminalidad contra líderes populistas de manera oportuna. Mientras los liberales de Eslovaquia se han indignado ante la imposibilidad de quitarle la inmunidad a Fico, en EE.UU., el Partido Demócrata parece estar en negación. Muchos liberales de EE.UU. atribuyen el ritmo lento de las causas criminales contra Trump a la lentitud inherente del sistema judicial, ignorando los errores que han generado estas demoras. El actual resurgimiento de la violencia política debería hacernos repensar las normas. Si bien quizá nunca lleguemos a entender plenamente las motivaciones de los asesinos individuales, el espectáculo de una figura política importante que es acusada constantemente de delitos graves y que viene evadiendo a la justicia desde hace años crea tensiones sociales inevitables. Por esto que los fiscales no catalogan públicamente a los individuos como asesinos o violadores sin procesarlos: la falta de acción permite que criminales potencialmente peligrosos deambulen libremente y plantea el riesgo de atizar el miedo y el descontento público. Otras democracias establecidas han demostrado que se puede obligar a exlíderes a rendir cuentas por los delitos que cometieron. Polonia ofrece un modelo útil para países que lidian con un pasado autoritario. Desde que asumió el cargo en diciembre de 2023, el primer ministro Donald Tusk adoptó una estrategia audaz para salvaguardar la democracia, cumpliendo su promesa de barrer la corrupción del gobierno anterior con “escoba de hierro”. Nombró al exdefensor del pueblo Adam Bodnar jefe de fiscales del país. A diferencia de Garland, Bodnar no permitió que temores infundados sobre la óptica de procesar a opositores políticos lo disuadieran de defender con prontitud el Estado de derecho. No esperó a que concluyeran las investigaciones parlamentarias para acusar a miembros clave del partido Ley y Justicia (PiS) de abuso de poder, malversación de fondos públicos y otros delitos. Si bien Tusk se abstiene de interferir en el trabajo de Bodnar o de los tribunales independientes, que finalmente determinarán el destino de los acusados, no le teme a explicar y defender públicamente los esfuerzos procesales agresivos de su gobierno. En discursos y en redes sociales ha enfatizado que la escoba de hierro no es un fin en sí mismo, sino un paso hacia la reconciliación nacional. Hasta el momento, su estrategia audaz ha puesto a los populistas a la defensiva. Los norteamericanos deberían tomar nota. En tanto la polarización extrema y la violencia política amenazan con minar la democracia norteamericana, resulta evidente que los populistas autoritarios deben rendir cuentas ante un tribunal judicial, no solo en la corte de la opinión pública.