Nathalie Alvarado y Ana Ibáñez | La delincuencia castiga a economías latinoamericanas

La delincuencia violenta en América Latina y el Caribe (ALC) ha cobrado muchísimas vidas y medios de subsistencia por décadas. Fuera de las zonas afectadas por guerras, la región es la más violenta del mundo, a la cabeza en tasas de asesinatos, robos a mano armada y más delitos violentos. Las consecuencias económicas son igualmente devastadoras. Entender en qué medida la delincuencia actúa como un impuesto sobre el desarrollo -uno que la región no puede pagar- podría ayudar a sus gobiernos a diseñar sus respuestas políticas. Según nuestro estudio reciente de 22 países de ALC cada año se pierde 3,4% del PIB o $ 192.000 millones en costos relacionados con el crimen. Esto equivale a 78 % del gasto en educación de la región y al doble de lo destinado a programas de asistencia social Los homicidios le cuestan 0,45% del PIB, y el Caribe soporta la carga más pesada ( 0,71%). Los inversores extranjeros, en especial en sectores vitales como finanzas y agricultura, huyen de la región. Las mujeres abandonan el mercado laboral, exacerbando desigualdades de género. Los resultados educativos se resienten, pues las escuelas en zonas de alta criminalidad tienen dificultades para mantener la asistencia y ofrecer enseñanza de calidad. La confianza en las instituciones y los ciudadanos se erosiona; incluso el medio ambiente sale perjudicado, pues la explotación de recursos naturales y la degradación de ecosistemas por parte de organizaciones criminales quedan fuera de control. Superar la crisis de delincuencia supondría gran impulso para las economías de ALC. Según nuestro estudio, si se redujera la tasa de delincuencia al nivel promedio de seis países europeos la región podría desbloquear alrededor de 1 % del PIB o $ 57.000 millones que podrían reorientarse a medidas que construyan comunidades más fuertes y fomenten el crecimiento sostenible. Un estudio del FMI sugiere que la reducción de tasas de homicidio en los países de ALC al promedio mundial podría impulsar el crecimiento económico anual en 0,5 puntos porcentuales. El BID, donde ambas trabajamos, ha compilado una base de datos de intervenciones contra la delincuencia de eficacia probada. Los resultados sugieren que la reducción de la violencia requiere enfoque múltiple. Los responsables de políticas de ALC deben implementar reformas institucionales para mejorar la eficiencia del gasto en seguridad y la eficacia y equidad de los sistemas judiciales. De igual importancia son los programas sociales específicos que abordan las causas profundas de la delincuencia y fomentan la creación de empleo en comunidades vulnerables. Pero los desafíos actuales exigen respuesta coordinada a escala regional. Las redes delictivas están cada vez más interconectadas y son cada vez más transnacionales y sofisticadas para evitar ser detectadas, mientras que los esfuerzos para combatirlas siguen fragmentados. Para mejorar la cooperación regional, el BID se asoció con 18 países para lanzar la Alianza para la Seguridad, Justicia y Desarrollo, que permitirá a los gobiernos elaborar políticas de lucha contra la delincuencia basada en pruebas y coordinar su implementación. Banco Mundial, Interpol y la OEA, entre otras 11 organizaciones, se han sumado a la iniciativa. Los países de ALC poseen son ricos en biodiversidad y minerales que impulsarán el cambio de la economía global hacia energía verde, y tienen los recursos agrícolas para alimentar al mundo. La violencia ha obstaculizado su crecimiento pero no tiene por qué definir su futuro.